La Junta de Andalucía ha firmado las escrituras de compraventa y los contratos de arrendamiento de los 70 edificios incluidos en la operación de 'sale and leaseback' cerrada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública con la gestora de fondos W.P. Carey Inc..

La operación se ha culminado con el ingreso de los 300 millones de euros y se trata del mayor paquete de venta de inmuebles que, hasta el momento, ha sacado al mercado con éxito una comunidad autónoma.

Con esta operación, la Junta de Andalucía, según ha señalado en un comunicado, ha conseguido ingresar 300 millones de euros, cifra ligeramente superior a lo previsto en concepto de enajenación de inmuebles en el Presupuesto para 2014, que era de 292 millones. Además, se mantiene el uso administrativo de estos edificios, ya que Junta y adjudicataria han suscrito contratos de arrendamiento por un plazo de 20 años.

La Junta abonará por este alquiler 23,6 millones de euros anuales, a precios del mercado actual de arrendamiento. Por su parte, la empresa adjudicataria debe sufragar los tributos que gravan la propiedad (como el IBI), así como el mantenimiento estructural de los edificios.

Los inmuebles, que disponen de 949 plazas de aparcamiento asociadas, se localizan en las ocho provincias andaluzas, el 92 por ciento ubicados en las capitales y en su mayoría situados en zonas céntricas, aunque ninguno está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Sevilla concentra el 36 por ciento de los edificios, que representan el 44 por ciento de la superficie total, ya que aglutina los servicios centrales de la Administración andaluza. En concreto, 25 inmuebles se encuentran en Sevilla, otros nueve en Huelva, ocho en Cádiz y en Córdoba respectivamente, siete en Jaén, cinco en Almería y en Málaga, y tres en Granada.

La enajenación se ha realizado mediante el sistema de adjudicación directa a la gestora de fondos W.P. Carey Inc. a través de su filial en España Inversiones Holmes, después de que en el concurso público convocado por la Consejería de Hacienda en junio se rechazaran las propuestas presentadas por incumplir los requisitos exigidos.

La operación, que la Junta intentaba cerrar desde 2011, demuestra la confianza en Andalucía de los inversores extranjeros y revela un uso dinámico del patrimonio de la administración, que se utiliza en etapas de crisis cuando los servicios públicos lo necesitan y se recupera en etapas de crecimiento económico.