El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto de decreto para la adjudicación de potencia eólica en las islas a través de la autorización administrativa, modalidad que deja atrás la figura del concurso, tal y como ha informado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero.

En rueda de prensa, el portavoz indicó que el Ejecutivo regional enviará el documento para su dictamen al Consejo Consultivo y comentó que la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, ha defendido que el procedimiento de autorización administrativa para adjudicar la potencia eólica frente al sistema de concurso supone la "gran ventaja" de que desaparece la judicialización inherente a los concursos.

De hecho, recordó que uno de los inconvenientes del concurso, además de esa conflictividad judicial, es que podría propiciar que sólo lo ganaran las grandes empresas, si bien con este sistema de autorización administrativa una empresa canaria con un solo molino puede obtener la autorización.

Martín Marrero señaló que el sistema de concurso que ha habido hasta la fecha era una "excepcionalidad" y ha demostrado ser "completamente inviable" por su judicialización frente a las ventajas de la autorización administrativa, que permite que "cualquiera que presente un proyecto con todas las garantías técnicas pueda instalar un parque".

Además, agregó que la autorización administrativa es un procedimiento que "no es nuevo", pues "ya funciona en la Administración, y además, cuenta con el respaldo del sector".

El portavoz resaltó que el nuevo sistema "garantiza la igualdad de oportunidades de los que quieran participar en la explotación de la potencia eólica, tanto públicos —ayuntamientos, consorcios o mancomunidades— como privados". A su vez, aclaró que ya no es un concurso, por lo que el que presente el proyecto y cumpla con los requisitos, obtendrá la potencia, tal y como ocurre en la actualidad con el resto de instalaciones energéticas en Canarias.

Martín Marrero precisó que este nuevo texto establece unas disposiciones transitorias donde lo más destacado es que quienes estaban exentos de verse sometidos a concurso mantendrán el mismo estatus con la nueva regulación, y la repotenciación de parques que estaban en trámite de autorización administrativa siguen su procedimiento hasta la fecha.

Asimismo, los promotores que ya tenían adjudicada una potencia eólica mediante concurso y quienes estuvieran exentos por ser proyectos de I+D o los que ya contaban con autorización administrativa, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

En ultimo lugar, se establece que quienes pierdan o hayan perdido la asignación de potencia eólica como consecuencia de sentencia firme se les aplicará el nuevo decreto pero reconociendo la vigencia de los proyectos que hubieran presentado. Únicamente no podrían mantener esos proyectos si afectaran a quienes han sido vencedores de esas resoluciones judiciales.

"En definitiva, se pretende con esto desbloquear la implantación de la potencia eólica en Canarias, que en los sucesivos concursos ha sido objeto de numerosos litigios judiciales, lo que ha retrasado respecto a otras energías renovables, como la fotovoltaica, su aplicación en la Comunidad Autónoma", concluyó Marrero.