El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, rechazó las condiciones del alto el fuego unilateral e indefinido que planteó la guerrilla de las FARC y ha afirmado este jueves que el Gobierno no renunciará a su deber constitucional de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

"Por ningún motivo vamos a renunciar ni a hacer excepciones en el cumplimiento de esa obligación", manifestó el presidente en un acto celebrado en la ciudad de Quibdó, capital del departamento occidental del Chocó.

Según él, "ni el presidente ni ningún miembro de las Fuerzas Armadas puede dejar de cumplir la Constitución ni las leyes de Colombia", entre las que se encuentran "la obligación de defender la seguridad y las libertades" en cada rincón del país.

Comparó la exigencia de las FARC de que para la continuidad del alto el fuego no debe haber ataques por parte de la fuerza pública, con el regalo de una rosa: "pero cuando la abrimos hay un tallo lleno de espinas".

Por ello destacó que lo que su Gobierno va a hacer es "quitarle las espinas" para quedarse "con la rosa que nos acaban de enviar".

El gobernante señaló que valora "el gesto del cese al fuego unilateral e indefinido", anunciado este pasado miércoles en La Habana por las FARC y que entrará en vigor el próximo sábado, si bien subrayó que no puede aceptar las condiciones impuestas por la guerrilla, como la de la verificación internacional.

"La verificación que están pidiendo la podemos comenzar a discutir cuando lleguemos al punto que ya esta prácticamente en la mesa", referente a fin del conflicto, que se abordará una vez que concluya el actual, sobre víctimas.

Según el presidente, el Gobierno va a "analizar muy bien el avance y cumplimiento de este cese al fuego" que consideró "un buen paso inicial que debe completarse y complementarse con otros gestos de paz".

En este sentido, reclamó a la guerrilla "gestos de confianza" para continuar avanzando "en la dirección correcta".

El jefe de Estado añadió que el está "avanzando bien" en las negociaciones de paz, lo que permite observar que se está "acercando al objetivo del cese al fuego bilateral y definitivo, que es cuando firmemos el acuerdo".

La delegación de las FARC en el proceso de paz ha pedido perdón a las víctimas de la masacre de Bojoyá, en la que murieron 79 personas en mayo de 2002 a causa de un proyectil lanzado por la guerrilla; y retiraron su disposición a lograr la paz con el alto el fuego indefinido anunciado ayer.

"Con ello buscamos recoger el inmenso clamor de  paz de la nación entera", ha dicho Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, después de la reunión que mantuvo con representantes de las víctimas de Bojoyá, una pequeña localidad del Chocó habitada fundamentalmente por indígenas y negros.

El guerrillero recordó que la tragedia se produjo por "el desvío de un proyectil artesanal" dirigido a la posición paramilitar en ese lugar, que "provocó la desgracia y el infortunio" de caer sobre la Iglesia donde se refugiaba la población, donde murieron 79 personas, entre ellos 48 menores.

"Desde entonces este hecho nos ha dolido en el alma guerrillera", dijo Catatumbo, que admitió que pedir perdón "no devuelve a ninguna de las personas que perecieron ni borra el sufrimiento".

La guerrilla resaltó su compromiso por resarcir ese daño en la medida de lo posible, no sólo reconociendo su responsabilidad, sino con acciones "reparadoras y transformadoras" en las comunidades afectadas.