Desde el entorno de Eduardo Torres-Dulce se ha querido desvincular públicamente su dimisión como fiscal general del Estado de toda polémica política. Fuentes próximas al fiscal han explicado que se va "con el deber cumplido" y en un momento "de tranquilidad" (la semana que viene el juez Castro hará el acto de apertura oral del juicio del 'caso Noós'), en el que todas las cuestiones importantes "están encauzadas".

El Gobierno esperaba la decisión de Torres-Dulce, incluso cuando estaba al frente de Justicia Ruiz-Gallardón, han indicado fuentes del Ejecutivo, que han reconocido que, al parecer, el fiscal no tenía mucha sintonía con el nuevo ministro, Rafael Catalá, si bien han desvinculado esta decisión con la querella de Cataluña sobre la consulta del 9-N.

Si una característica ha acompañado al perfil del ya ex fiscal general es su trato cercano y correcto, las buenas formas aunque discrepara de sus planteamientos.

Torres-Dulce es el miembro del Ministerio Fiscal que ocupa el primer puesto de la carrera tras la jubilación del fiscal Juan José Martin-Casallo en 2013 en el Tribunal Supremo. Comenzó su carrera como fiscal en 1975. En 2009 obtuvo un resultado histórico en las elecciones al Consejo Fiscal y el 30 de diciembre de 2011 fue propuesto por el Consejo de Ministros para sustituir a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado. El 27 de enero del año siguiente fue elegido en el cargo, que juró ante el rey,en el que ha estado durante tres años.

Torres-Dulce, que llegó a afirmar en 2013 que "el día que reciba alguna presión me iré a mi casa. No soy proclive a recibir ningún tipo de presión, y el ministro de Justicia y el Gobierno lo saben", defendió la autonomía de la Fiscalía en las actuaciones sobre casos abiertos especialmente mediáticos.

Las diferencias entre el Gobierno y la Fiscalía General fueron evidentes sobre todo en cada paso del proceso de presentación de una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, a raíz de la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre.

Finalmente fue impuesta a los fiscales de Cataluña, cuya Junta manifestó que no veía motivos legales para presentarla.

Sobre este asunto, Torres-Dulce afirmó en su comparecencia en el Congreso que en todo momento siguió criterios jurídicos, cumpliendo con el Estatuto Fiscal en lo relativo al proceso que se siguió con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.

El fiscal general, que volverá a su plaza del Tribunal Constitucional, no podía ser cesado por el Gobierno y le quedaba un año de mandato, aunque fuentes fiscales aseguran que estaba recibiendo mensajes desde el Gobierno sobre la conveniencia de que no siguiera.