Patricia y Pilar con sus dos niñas.
Patricia (arriba), junto a su pareja Pilar (debajo) y sus dos hijas. CAROLINA KOWARIK

Cuando Patricia quiso ser madre, su ginecóloga del ambulatorio en el barrio de Vallecas (Madrid) se negó a darle cita para someterse a inseminación artificial. En ese momento su pareja, Pilar, estaba embarazada tras haber acudido a una clínica privada por elección, para que el proceso fuera rápido. Patricia, sin embargo, deseaba hacerlo a través de la sanidad pública. "Pensamos que era un buen momento de iniciar el proceso, con calma, porque sabíamos que iba a ser más lento". Pero no se lo permitieron. Por su condición de lesbiana. "Me negaron la reproducción asistida por ser lesbiana y tuve que acudir a una clínica privada", resume Patricia. En Madrid, como en Valencia, hace años que se viene excluyendo a las mujeres lesbianas de la técnica de reproducción asistida en la Sanidad Pública, una exclusión que es ya es legalmente oficial en toda España desde su publicación en el BOE el pasado 6 de noviembre.

Una mujer sola o lesbiana se ve obligada a acudir a una clínica privada si desea ser madreSanidad materializa así la expulsión de todas las mujeres sin pareja varón de los procesos de reproducción asistida de la cartera de salud pública, medida que aprobó en julio de 2013 la exministra de Sanidad, Ana Mato. Los recortes motivaron una decisión que dejaba las técnicas de reproducción exclusivamente a parejas con problemas de esterilidad y obligaba a cualquier mujer sola o lesbiana a acudir a una clínica privada para convertirse en madre.

La decisión del Ministerio no impide, sin embargo, que las Comunidades Autónomas financien de forma propia este tratamiento. Pero con sus presupuestos. Por este motivo, representantes del colectivo LGTB acudían este jueves a las sedes de las consejerías de Sanidad de toda España para protestar por lo que consideran una discriminación y exigir que se les devuelva el derecho a ser atendidas también en materia de reproducción asistida.

"Es injusto y un error"

Patricia fue madre hace un año gracias a un tratamiento seguido en una clínica privada. Ella considera "injusto" y "un error" que se impida a las lesbianas la atención en la Sanidad Pública, "porque cuando una mujer quiere ser madre eso es un deseo irrefrenable", asegura. A Patricia y a Pilar ser madres les costó más de 6.000 euros en total, entre las pruebas pertinentes, las muestras de semen y las inyecciones. "Nosotras pudimos hacer el desembolso, pero ¿qué pasa si no puedes?", se pregunta.

Una abogada lo califica de "lesbofobia institucional"La asociación Galehi, Gays y lesbianas con hijos, sabe que en los últimos años en Madrid algunos hospitales eran más propensos que otros a permitir la reproducción asistida de mujeres lesbianas. Entre ellos, los hospitales de Leganés y la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, la entrada en vigor del decreto de noviembre ha paralizado todos los procesos en todos los hospitales. Varias parejas han visto truncados sus planes de maternidad. Es el caso de V., una mujer que después de un intento infructuoso de maternidad asistida en la Fundación Jiménez Díaz, ha visto denegado su derecho a un segundo intento, por la entrada en vigor de la nueva norma nacional. V. y su pareja van a presentar en breve una reclamación para exigir al centro médico que acepte retomar el proceso y no sucumba, en palabras de su letrada, a la "lesbofobia institucional".

Entre las últimas lesbianas que han podido utilizar los servicios de la Sanidad Pública en Madrid está la mamá de Hugo, un bebé que nació en la Fundación Jiménez Díaz hace dos meses. Ana Gómez lamenta la exclusión de las parejas de mujeres. "Somos unas ciudadanas más y pagamos nuestros impuestos, tendríamos que tener los mismos derechos y el mismo tratamiento", reclama.

Sí se les asiste en Asturias, Andalucía o Canarias

Lo cierto es que algunas Comunidades Autónomas, como Asturias, Euskadi, Andalucía, Extremadura y Canarias, se han comprometido a seguir dando asistencia a mujeres solteras y a parejas de dos mujeres. Los colectivos LGTB, temiendo que sea una medida electoral, han pedido también en sus respectivas consejerías de Sanidad este jueves que dicha promesa "tome forma legal". De momento unicamente Cataluña ampara a todas las familias a través de su ley antihomofobia, aprobada este año.