COAG-A ha considerado este jueves que la gestión de la futura Política Agraria Común (PAC) por parte del Ministerio de Agricultura es "lamentable y nefasta", y que puede provocar "graves consecuencias para el sector agrario, en general, y el andaluz, en particular".

Esta organización ha advertido, en una nota, de que que el proceso de negociación se ha caracterizado por "el oscurantismo, la falta de participación, la arbitrariedad y el criterio político en lugar de técnico a la hora de diseñar las distintas actuaciones", y va a ponerlo en conocimiento del Comisario de Agricultura, Phil Hogan, además de exigir al propio Ministerio que asuma la responsabilidad de los perjuicios que puede acarrear su "pésima" gestión.

Durante dos años se nos ha vendido una reforma que iba a terminar con los agricultores de "sofá, absentistas y especuladores", pero al final se va a colar una opción que inhabilita la definición "insuficiente, pero necesaria" de agricultor activo, con lo que los Reales Decretos, cuya publicación está prevista este sábado, consagrarán "la farsa", ya que "las superficies que no se dedican realmente a la actividad agraria podrán tener derechos y recibir ayudas a costa de los agricultores y ganaderos profesionales, cuyas rentas sí dependen en grado importante de los apoyos de la UE".

Además, en el último borrador de la norma de asignación de derechos el Ministerio ha omitido la metodología que durante los dos últimos años se ha estado explicando a los agricultores y ganaderos (donde la asignación de los derechos de ayuda se relacionaba directamente con el sistema productivo que los originaba), y la ha sustituido por un párrafo donde dice que esta asignación se hará "con criterios objetivos y no discriminatorios", abriendo la puerta a la posibilidad de desvincular los derechos de los sistemas productivos que los generaron.

De este modo, COAG-A reprocha que la reforma "no sólo beneficia a los especuladores y cazaprimas" en la aplicación de los fondos sino que, debido a la "opacidad y a los vaivenes" del Ministerio de Agricultura, el sector andaluz, con un alto porcentaje de siembra otoñal, sufre ya la incertidumbre de no saber qué norma se va a publicar finalmente y si será posible su cumplimiento.

Esto es así, según ha explicado, porque "no hay garantías de que el uso de los fondos sea aprobado por Bruselas y esto implica el riesgo de posibles correcciones financieras que supondrán merma de fondos para el sector agrario", y una tremenda "inseguridad jurídica", precisamente en un año clave, de fijación de derechos para todo el periodo, por lo que las consecuencias alcanzan hasta el año 2020.

En este contexto, Andalucía se ve especialmente perjudicada, porque "no sólo sufre esa incertidumbre, sino que se ve claramente castigada en otros aspectos, como es el caso del sistema de ayudas asociadas".

Las ayudas asociadas en la nueva PAC tienen como objetivo esencial atender a sectores en peligro de abandono o especialmente perjudicados por la reforma. Sin embargo, a su juico, el planteamiento del Ministerio "no parece haber tenido en cuenta criterios objetivos, profesionales y agronómicos, sino políticos, con una arbitrariedad que perjudica de forma clara a la principal potencia agraria de España" (aportamos casi un 23% de la PFA estatal, más de 9.900 millones de euros, y más del 50% de los afiliados en el sector agrario en España están en Andalucía).

La remolacha

COAG-A ha señalado el caso de la remolacha, que pone de manifiesto esta "arbitrariedad y la discriminación" que sufren los productores andaluces. Este sector cuenta con un presupuesto de 16,8 millones de euros para ayuda acoplada, con una superficie máxima (calculada según la media de las cuatro últimas campañas) de 40.100 hectáreas.

Esa superficie se ha asignado a las zonas sur y norte a criterio del Ministerio, correspondiendo al norte 32.500 (a pesar de que en las últimas campañas han sembrado menos) y al sur 7.600 (aunque la media es mayor, pero en el periodo de referencia utilizado hay una campaña en la que, por las lluvias, la siembra en Andalucía se redujo a la mitad).

No obstante, el Ministerio no ha decidido repartir el presupuesto de forma lineal entre las hectáreas, sino que ha cerrado cantidades para cada zona, correspondiendo a Andalucía 2,36 millones y a la zona norte 14,46. Este reparto parece remitir a las cuotas de ambas zonas (15% para Andalucía y 85% para la zona norte), un sistema que desaparece, y que "contradice la filosofía de asegurar la actividad basándose en la superficie, no en la producción. La perjudicada es Andalucía", subraya.

Con estos datos, una hectárea de remolacha en Andalucía recibiría 311,37 euros. Por el contrario, una hectárea de remolacha en la zona norte recibiría 445,22 euros, cantidad que podría aumentar si la superficie desciende, como en los últimos años.

En cambio COAG, proponía una ayuda acoplada ligada a la producción, pero con una prima diferencial para la siembra de remolacha otoñal (la de Andalucía), que tiene un menor margen bruto que la de siembra primaveral (251,66 para el sur frente a los 614,03 para el norte), porque ésta tiene un rendimiento mayor.

Por esto mismo, COAG Andalucía apostó por la diferenciación de regiones productoras, con la idea de que se pudiera brindar un apoyo más importante en aquellas zonas en las que los riesgos de desaparición del cultivo son mayores, cumpliendo así la premisa de 'Establecer pagos a aquellos sectores sometidos a riesgo de abandono o reducción importante de su producción', uno de los objetivos que ha de alcanzarse para otorgar un pago asociado a un sector.

Pero, según ha recordado, esto no se ha aceptado, y se ha hecho una propuesta "claramente discriminatoria" hacia Andalucía, que no podrá "proporcionar un suministro estable a la industria de transformación local, y evitar de este modo las consecuencias sociales y económicas negativas de cualquier reestructuración posterior" (Artículo 55.1.b del Reglamento (UE) 1307/2013, de normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC).

Además, este criterio "no es uniforme" para todas las ayudas asociadas que propone el Ministerio, porque en el caso del tomate transformado, por ejemplo, ocurre justo lo contrario: Andalucía tiene sólo el 13 por ciento de la superficie, pero produce de media 92 toneladas por hectárea frente a las 78 toneladas por hectárea del resto de regiones productoras. En este caso, se ha decidido que es mejor repartir el presupuesto por superficie, "con lo que de nuevo Andalucía sale perdiendo".