Propiedad Intelectual
Un hombre navega por Internet. GTRES ONLINE

"No es irreversible". El ministro de Industria, José Manuel Soria, pronunció estas palabras el mismo día en el que se hacía efectivo en España el cierre de Google News.

Se refería a la aplicación del llamado canon AEDE, que entra en vigor en dos semanas junto a casi toda la ley Lassalle de reforma de la propiedad intelectual y que obliga a los agregadores de Internet a pagar una compensación a los autores por enlazar sus contenidos.

Tanto el Ministerio de Cultura como la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), así como la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y la multinacional han asegurado a 20minutos desconocer qué quería decir, concretamente, el ministro.

Industria rechaza, por su parte, aclarar si la "evolución" y las "medidas adicionales" a las que aludió Soria en ese desayuno informativo implican un cambio de postura en el Ejecutivo. No añaden ni quitan una coma. En la secretaría de Estado de Comunicación "no comentan" declaraciones de ministros y remiten a los departamentos implicados.

La "hoja de ruta" de Cultura

Entonces, ¿hay movimiento o no lo hay? Si bien AEDE y Google no han cerrado sus puertas al diálogo —siguen hablando de forma constante para "muchas otras cosas"—, "formalmente" ambos aseveran que no tienen prevista en la agenda ninguna reunión sobre el tema.

La otra gran asociación de editores, la AEEPP, que agrupa a pequeños y medianos editores de prensa y es contraria al canon, ha pedido este jueves oficialmente al Gobierno la suspensión de entrada en vigor de la ley y la constitución de una "mesa de negociación" con todos los sectores afectados "para conseguir un consenso que nunca se intentó". Si esto se hiciera, añaden en un comunicado, piden a Google y a otros agregadores "que reconsideren su decisión de cerrar o deslocalizar sus empresas".

Ante las preguntas de 20minutos, Cultura se muestra firme con su "hoja de ruta", marcada en un comunicado reciente: el desarrollo reglamentario de la ley sigue su curso, sin dudas razonables a la vista. Se elaborará en los primeros seis meses de 2015, aunque las tarifas del canon, en principio, saldrían de la negociación entre las partes; si esto no es posible, se recurrirá al mecanismo de fijación de precios establecido en la ley a través de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

Conversaciones entre las partes

Desde el Ministerio de José Ignacio Wert y José María Lassalle, a pesar de denominar públicamente "tasa Google" a la compensación a autores y de que en la ley estén excluidos expresamente los buscadores, indican que hay vida más allá de Google, que existen "otros" agregadores y que las conversaciones para negociar las tarifas ya habrían comenzado.

En cuanto Google anunció el cierre de su producto News, de hecho, Wert animó a los medios más reticentes a dialogar. No obstante, en el caso de Menéame, uno de los agregadores más populares en España, esas conversaciones, a día de hoy, no existen, según ha confirmado a 20minutos su fundador Ricardo Galli. Es más, asegura que no han tenido "ningún tipo de contacto con nadie de AEDE, el Gobierno o el PP".

Para la AEEPP, la ausencia de una definición sobre tarifas y condiciones —"ni siquiera hay un borrador"— provoca "una inadmisible inseguridad jurídica para cualquier empresa o entidad". La asociación recuerda que se opuso en su día a los cambios en la ley que presentó el Gobierno y también que este respondiera "solo" a un grupo, "despreciando el interés general".  Añade que ha explicado su postura a todos los grupos en Congreso y Senado.

Google: "Si algo sucediera..."

El reglamento de la denominada ley Lassalle se aplicará con efecto 1 de enero de 2015 y, en ningún caso, podrá contradecir lo que dice la norma. Y ese es uno de los problemas a corto plazo en este asunto.

"Tal cual está la ley", explica Anaïs Pérez, jefa de Comunicación de Google para España y Portugal, no es posible ningún acuerdo. El escollo para la compañía es que el derecho a cobrar la compensación tenga la condición de irrenunciable.

La empresa se muestra tajante y dice que no está dispuesta a pagar, "por principio de compañía", por distribuir enlaces de medios, aunque apunta a que "si algo sucediera" —por parte del Gobierno—valorarían "las características" de la nueva situación; "Ojalá", apostilla Pérez.

En cualquier caso, se muestran partidarios de hablar con todos los actores, ya que la restitución de Google News en España es un escenario con el que estarían "encantados", si es que llegara producirse algún día. Wert les ha reprochado 'retirarse' antes de tiempo; la compañía dice actuar "dentro del marco legal" y por una cuestión de "sostenibilidad".

AEDE: "En eso nos hicieron caso"

José Gabriel González, director general de AEDE, "entiende" que la ley es firme y no se muestra demasiado confiado en que el Gobierno "quiera" modificarla ahora. Sí admite, tal y como dijo Soria —con el que los editores 'no han hablado' ni durante la tramitación ni después; sí con su secretario de Estado— que fueron ellos quienes pusieron sobre la mesa desde el principio el "derecho de remuneración". "En eso nos hicieron caso, en otras cosas no", explica a 20minutos.

AEDE pidió tras conocer la decisión de Google "la intervención de las autoridades españolas y comunitarias, y de las autoridades de la competencia". González niega que aquello fuera una petición para que se impidiera el cierre de Google News. Lo que querían decir, añade, es que "dado que Google tiene una cuota del mercado del 98%", el Gobierno debería estar "atento" y vigilar que el algoritmo del buscador —excluido en la ley— "siga siendo neutral" y no penalice a los medios españoles.  

González reconoce, asimismo, que la redacción del artículo 32.2 es "oscura" e insiste en que desde AEDE se han hecho propuestas para que se modifique. Respecto a los efectos en el tráfico web del cierre de Google News, cree que "aún es pronto" para valorar las consecuencias en los medios asociados de AEDE, aunque en unos días harán balance a nivel interno.

El artículo 32.2: ¿agregadores?

Una de las incertidumbres más importantes que plantea el artículo 32.2 es a qué se refiere la ley con "prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos", algo que en principio debería quedar aclarado en el reglamento; según el Ministerio, además, "las redes sociales" —sin concretar— no estarán sujetas al pago del canon. La disparidad de criterios a nivel jurídico sobre si la actividad de los agregadores supone o no una verdadera "puesta a disposición del público" también plantea dudas, sobre todo tras una reciente sentencia del TJUE.

La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI) han advertido del posible efecto dominó de la ley en otros agregadores y no descartan que también el usuario pudiera verse afectado porque se penaliza el "enlace" en sí. Agregadores como Menéame, según publica eldiario.es, se plantean introducir algunos cambios, como implantar un sistema de micropagos para que "quien lo desee pueda pagar al autor de un artículo", aunque Galli explica que es una idea que barajan desde hace años y no tiene que ver con la LPI.