El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este jueves su renuncia al cargo. La decisión ya se la ha comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Torres-Dulce, ha comunicado al Gobierno que abandona su cargo "por razones personales", según ha informado la Fiscalía general del estado.

En un escueto comunicado de la Fiscalía general del Estado se informa de que Torres-Dulce regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

Los rumores sobre la inminente renuncia se dispararon este miércoles por la tarde después de que Torres-Dulce se retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales.

El enfrentamiento cristalizó con las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N.

Así se evidenció durante la última comparecencia de Torres-Dulce en el Congreso el pasado 26 de noviembre, cuando manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos "Bolinaga" y "Matas".

"No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir: "Si tengo que sostener posición contraria al Gobierno, la sostengo".

Torres-Dulce señaló en su última comparecencia ante el Congreso, que se celebró el pasado el pasado 26 de noviembre, que nunca fue un fiscal "proclive al Gobierno".

Lo hizo en relación con la querella que pocos días antes, el 21 de ese mes, la Fiscalía presentó contra el presidente catalán, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y su consellera Irene Rigau, a los que acusaba de desobediencia grave, prevaricación, usurpación de funciones y malversación por "sobreponer su visión partidista" a la suspensión del 9-N ordenada por el Constitucional.

La presentación de la querella se pospuso durante casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, mientras que desde la oposición política al Gobierno y los partidos proclives al soberanismo catalán se apuntaron posibles presiones sobre Torres-Dulce para que acusara a los convocantes de la consulta. Finalmente la querella se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Días después, en la que ya es su última comparecencia ante el Parlamento, Torres-Dulce respondió a la oposición, cuando varios portavoces le reprocharon haber actuado a las órdenes del Ejecutivo en este caso, poniendo como ejemplo su papel en el caso Bárcenas.

"No se me puede decir que sea un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Barcenas y solicito prisión para él", señaló ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde presentó la memoria anual de la Fiscalía General de 2013.