El coordinador en Gijón del Programa de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, Javier Orozco, ha defendido este miércoles que esta iniciativa, que acoge temporalmente a sindicalistas y defensores de los Derechos Humanos amenazados de muerte, "no es un coladero de inmigración". Orozco ha recalcado que en los 14 años de existencia y de las 94 personas que han pasado por él, solo una se quedó en España tras pedir protección internacional.

De igual modo, ha explicado el riguroso proceso de selección que se sigue para seleccionar a estas personas y ha indicado que las que llegan a Gijón, lo hacen en un momento en que se sabe que sus vidas corren riesgo. Tras seis meses de estancia en uno de los dos pisos de los que dispone el programa, vuelven a Colombia para seguir defiendo los Derechos Humanos y de los trabajadores, pese a que son conscientes del riesgo a ser asesinados.

Así lo ha dejado de manifiesto en rueda de prensa en un hotel de Gijón, acompañado de tres de los cuatro beneficiarios en este momento del programa, de una representante de la asociación Soldepaz Pachakuti —entidad que lo gestiona—, Ana García, y de la concejala de IU en el Ayuntamiento gijonés, Cristina Tuya.

Orozco, asimismo, ha relatado que cuando vuelven a Colombia, el hecho de que se sepa que han estado en España denunciando públicamente la situación que se vive en su país de origen, les sirve de salvaguarda durante un tiempo. No obstante, ha recalcado que de las 94 personas que han pasado por el programa de acogimiento, uno fue asesinado y otro sufrió un atentado.

El primero es el caso de Luciano Romero, refugiado en Gijón en 2004, de quien recientemente la Justicia lo ha calificado como "crimen de lesa humanidad" y condenó a seis paramilitares y dos policías. El segundo es Luis Plaza Vélez, que también fue refugiado en Gijón hace un año.

Y es que, según los datos facilitados por Orozco, al tiempo que se dialogaba en La Habana en busca de una solución al conflicto armado, en Colombia se estaba combatiendo en muchos lugares con unos resultados que ha considerado "tremendos": 1.233 combates, más de 3.000 personas desplazadas de manera 'forzada', 24.530 asesinadas y 10.737 desaparecidas, con otras 447 secuestradas, 336 víctimas de delitos contra la limitaciones a su movilidad o acceso a necesidades básicas.

Las cifras de este año no son mejores, con 40 dirigentes sociales asesinados en los primeros nueve meses de 2014. A fecha 30 de octubre, la Central Unitaria de Trabajadores registraba 78 amenazas, 15 atentados y 14 sindicalistas fueron asesinados.

Orozco ha insistido en que el programa sirve para dar un respiro a estos dirigentes sociales amenazados, que en Gijón viven durante seis meses una vida "relativamente normal", y ha recalcado que ahora los españoles van "en masa" a Colombia a buscar trabajo y allí se les recibe "con los brazos abiertos".

También se ha quejado de que el Principado, desde hace dos años, no haya participado en ninguna de las visitas de supervisión de los derechos humanos que se hacen en Colombia y que les haya recortado un 70 por ciento el presupuesto. De 100.000 euros, han pasado a 30.000, con lo que han tenido que reducir el número de personas acogidas.

También han intervenido en el acto tres de los cuatro refugiados: Félix Barrios García, Jimmy Ortiz Gutiérrez y Misael Antonio Portugués. Todos ellos han relatado cómo han sido amenazados de muerte y las condiciones por las que pasan los trabajadores y los indígenas en Colombia.

Especialmente el último, que vuelve a Colombia el próximo lunes, ha explicado que este tiempo en Gijón le ha permitido reflexionar, aunque ha dicho ser consciente de que el riesgo sigue latente, por lo que "no es fácil" volver a enfrentarse a esa situación. "Así es la vida, nos toca regresar, poner las caras", ha remarcado, no obstante.