Tres de cada diez pisos que se construyan deberán ser públicos

Como mínimo, ya que comunidades y ayuntamientos pueden ampliar ese porcentaje. El Congreso aprobó ayer la nueva Ley del Suelo, que persigue frenar la corrupción y los precios.
Mª Antonia Trujillo.
Mª Antonia Trujillo.
Mª Antonia Trujillo.
A partir del 1 de julio, tres de cada diez pisos que se construyan en España tendrán que ser protegidos. Es el porcentaje mínimo, ya que cada comunidad o ayuntamiento podrá elevarlo, nunca bajarlo. En los últimos diez años, la media anual de viviendas protegidas levantadas en nuestro país ha sido sólo del 13%.

Ésta es una de las principales medidas de la nueva Ley del Suelo, aprobada ayer por todos los partidos en el Congreso, excepto el PP, y que entrará en vigor en julio. Sus objetivos, frenar la corrupción urbanística y moderar los precios de las casas.

Una ley que, por primera vez en España, «no sólo regula los derechos y deberes de los propietarios del suelo, como la anterior ley de 1998, sino también los derechos de los ciudadanos respecto a ese suelo», explica a 20 minutos María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda.

La nueva ley

Pisos protegidos: La nueva ley obliga a construir los pisos protegidos una vez que se reserve el suelo, no como pasa ahora, que los ayuntamientos califican un porcentaje de este suelo para vivienda pública, «que levantan cuando quieren o dejan pasar los años para permutarlo», explica la ministra de Vivienda.

Información: Todos los planes urbanísticos deben someterse a información

pública. Los ayuntamientos deben publicarlos y tener copias disponibles para sus vecinos. También deberán poder consultarse en Internet.

Concejales vigilados: Los concejales y los directivos municipales tendrán que hacer una declaración pública de sus bienes y actividades privadas. Dos años después de su cese, no podrán trabajar en el sector urbanístico en el municipio donde desempeñaron su cargo público.

Crecimiento limitado: La ley controla el desarrollo de los municipios. Si un ayuntamiento quiere que su población o la superficie de su suelo urbanizable crezca un 20%, será obligatorio  que su comunidad lo justifique.

Evaluación ambiental: Los nuevos desarrollos urbanísticos deberán tener un informe ambiental y económico previo. Por ejemplo, si tienen el agua garantizada o el ayuntamiento puede costear las infraestructuras de transporte para los  nuevos barrios que se creen. Este informe será «determinante» para que el proyecto siga adelante.

Frenar la especulación: En las recalificaciones de terrenos que conlleven una  plusvalía será obligatorio hacer público quiénes han sido los dueños de las fincas beneficiadas en los últimos cinco años.

Protección de la naturaleza

Para el PP, que se opone a esta ley, la única finalidad de la norma es «abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio». Aunque no todo fueron críticas en el debate de la Ley del Suelo. Los populares votaron a favor de algunas enmiendas, como la que prohíbe construir en espacios naturales protegidos o los incluidos en la Red Natura 2000 (protegidos por la UE). Según la norma, sólo podrá reducirse la superficie de estas zonas «cuando así lo justifique su evolución natural, científicamente demostrada».

Mª Antonia Trujillo, ministra vivienda

«El suelo será de los ciudadanos y no de los especuladores»

¿En qué beneficia esta ley al ciudadano?

Es una ley con un fuerte carácter social y ambiental. Gracias a ella, la ciudad será un espacio para los ciudadanos y no para los especuladores.

¿No choca con otras leyes autonómicas?

Las comunidades autónomas tendrán que adaptar su legislación a esta ley estatal, ya que habla de competencias estatales. De hecho, ha obtenido el apoyo de todos los grupos nacionalistas en el Congreso. Ayudará a comunidades y ayuntamientos a realizar unas políticas de vivienda más transparentes.

Aunque busca la transparencia urbanística, ¿ayudará a frenar los precios?

Esta ley cierra la política de vivienda y suelo del Gobierno, que ya ha tenido sus efectos en el mercado. Cuando llegamos al Ejecutivo, el precio subía en España el 19%, ahora lo hace al 7%, y en muchos municipios está bajando y ya no crece como antes.

¿Los nuevos desarrollos urbanísticos tendrán limitado su crecimiento?

No se trata de poner ladrillo sobre ladrillo. Todos los ciudadanos tienen derecho a que sus nuevos barrios tengan garantizadas infraestructuras sanitarias o de transportes. Además, los nuevos planes se someterán a una evaluación medioambiental previa que será determinante. D. F.

BIO. Nació en Badajoz en 1960. Tiene un hijo y es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional.

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