Gobierno de Barakaldo dice que alojar en residencias a mayores ante la falta de pisos tutelados se consensuó en Eudel

  • BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del PNV en el Ayuntamiento de Barakaldo (Bizkaia) ha asegurado que la decisión de contar con las residencias para alojar a personas mayores, ante la falta de plazas en viviendas comunitarias y pisos tutelados, ha sido consensuada en la Asociación de Municipios Vascos, Eudel.

El concejal de Acción Social, Mikel Antizar, ha respondido, de esta forma, al grupo municipal del PSE-EE de Barakaldo, que ha acusado al equipo de gobierno del PNV de "eludir su obligación" de habilitar plazas suficientes para mayores en viviendas comunitarias y pisos tutelados, y "esquivar la ley derivando a los usuarios a las residencias".

Según ha indicado, la puesta en marcha del Decreto de Cartera está llevando a los ayuntamientos a "tomar diferentes medidas para ofrecer los servicios marcados en el mismo". Así, ha recordado que Barakaldo "acaba de poner en marcha un albergue permanente, el primero de toda la comarca, y ha destinado más de 300.000 euros a la ampliación del servicio de centro día para las personas sin hogar, una inversión que el primer año fue decidida por los barakaldeses a través del presupuesto participativo y que el equipo de gobierno ha decidido consolidar en este 2018".

Antizar ha explicado que, en una de las últimas reuniones de comarca mantenidas en Eudel, Asociación de Municipios Vascos, junto a los ayuntamiento de Santurtzi, Sestao y Portugalete, "se consensuó la utilización de las plazas de residencia como complemento a las viviendas tuteladas para la prestación del servicio de alojamiento residencial a las personas autónomas y dependientes con grado 1, una decisión adoptada ante la imposibilidad actual de ampliar recursos municipales (como viviendas tuteladas y comunitarias) y con la intención de comenzar a prestar este servicio lo antes posible".

Por lo tanto, ha remarcado que "la decisión de contar con plazas de residencias no es una decisión adoptada por Barakaldo a tontas y a locas, sino que nace del consenso y la reflexión en el seno del propio Eudel, y de la mano de los municipios de la comarca, que se encuentran en situaciones similares, como es el caso del Ayuntamiento de Portugalete, gobernado por socialistas".

"No es cierto que se eluda ninguna ley, sino que se los ayuntamientos están adaptando sus recursos para poder cumplirla y ofrecer el servicio de la manera más rápida y eficaz a los usuarios que lo demanden", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que el borrador de ordenanza presentado por el equipo de gobierno "trata de regular el acceso de los vecinos autónomos y con dependencia de grado 1 a recursos residenciales en general, no solo residencias, por lo tanto en la normativa también se incluyen los pisos tutelados y la vivienda comunitaria existente".

Por otro lado, ha considerado "cuanto menos extraño escuchar al Partido Socialista demandar un mayor número de vivienda comunitaria y tutelada, ya que con este planteamiento resulta inexplicable que durante sus mandatos en Barakaldo hayan apostado por subvencionar plazas en residencias a personas autónomas".

Además, Antizar ha asegurado que los socialistas "se equivocan cuando apuntan que los usuarios tienen que pagar 77,55 euros por estos servicios", ya que "ése es el precio del coste que supone para el Ayuntamiento una plaza residencial, pero los beneficiarios de la misma abonarán el 75% de sus ingresos, sin contar pagas extras, el mismo precio marcado por los socialistas en la puesta en marcha del servicio".

"Parece que el PSE ha entendido poco o nada el borrador, o intenta simplemente confundir a la gente mezclando datos y conceptos de manera aleatoria", ha apuntado el concejal de Acción Social, para remarcar que "en los últimos tres años Barakaldo ha avanzado más en la atención social que en la última década".

Por último, cree "extraña" la alternativa que plantea el PSE, con el uso del Servicio de Ayuda a Domicilio, "ya que en la actualidad Barakaldo ofrece el servicio máximo que permite la ley". "Éste es un nuevo intento de frenar el avance de la puesta en marcha de más y mejores servicios sociales para la ciudad", ha concluido Antizar.

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