El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado al Banco de España que designe un perito para que le informe en ocho de las piezas en las que investiga irregularidades en la gestión del Banco de Valencia (BdV) después de que distintos organismos dependientes de la administración del Estado hayan declinado en el último año varias peticiones del magistrado para contar con un experto en tasaciones.

El magistrado preguntó a principios de diciembre a las partes personadas en estas piezas si debía archivar o proponía juzgar a los máximos responsables del banco tras comprobar que sus gestiones —realizadas ante organismos como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la secretaría de Estado de Hacienda, entre otros— no daban fruto y a la vista de "la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial".

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) le solicitó entonces que continuara con la instrucción mientras que uno de los principales imputados, el exconsejero delegado de la entidad Domingo Parra, pidió el archivo de las actuaciones.

En una nueva providencia a la que ha tenido acceso Europa Press el juez realiza un nuevo intento y requiere al supervisor del sistema bancario la designación de un perito experto en tasaciones "para que analice la correción de éstas" e informe sobre "cualquier irregularidad en su confección".

Operaciones "ruinosas"

Las ocho querellas afectadas fueron presentadas por el FROB y se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.

En concreto el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; por la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad.

El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008; la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.

Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.

Pedraz, que investiga otras ocho piezas relacionadas con el Banco de Valencia, ha dado 10 días a las partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, para que le presenten escrito y soliciten la práctica de diligencias complementarias si lo consideran adecuado.