El diputado del PR+, Rubén Gil Trincado, ha reclamado está mañana al Gobierno de La Rioja que abra expedientes a todas las entidades financieras que "mantienen miles de cláusulas suelo, que afectan a miles de riojanos". En concreto, ha cifrado que puede haber entre 25.000 y 30.000 riojanos afectados por estas "abusivas cláusulas".

En comparecencia de prensa, el parlamentario regionalista ha asegurado que las entidades financieras "no han informado" a los afectados de estas cláusulas "abusivas" a la hora de acceder a una hipoteca. Con ello, éstos "no se pueden beneficiar de las bajadas de tipos de interés, como el Euríbor".

Ha recordado que el año pasado, el Parlamento riojano aprobó una Ley en Defensa de los Consumidores, donde se recoge "claramente" el "derecho del consumidor a denunciar ante la administración pública hechos que pueden suponer un engaño evidente, como pueden ser las cláusulas suelo". Ha indicado que la propia Ley también señala el "derecho del consumidor a conocer el tipo de interés aplicable, el número de plazos, importe y periodicidad del mismo".

En este punto, Gil Trincado ha señalado que el Gobierno riojano "tiene competencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, para abrir expedientes necesarios a las entidades financieras que mantienen cláusulas suelo a miles de riojano". Para el regionalista, es "inadmisible que no se abran estos expedientes, porque es un engaño evidente el no informar de las cláusulas suelo".

El diputado del PR+ ha reconocido que desde su formación se "ha asesorado" y "ayudado" ya a más de 830 riojanos sobre estas cláusulas. Ello, les ha llevado a conocer que en 10 años, hay familias que pueden llegar a perder 15.000 euros.

Gil Trincado ha recordado que el propio Banco de España "reconoce que las entidades deben acreditar a los clientes el haberles informado de todas las condiciones hipotecarias", siendo los Gobierno autonómicos "los que tienen las competencias para abrir expedientes y sancionar a las entidades que mantienen cláusulas suelo".

A partir de ahí, ha explicado que conocen a muchos riojanos que tenían previsto acudir a la Justicia, si bien "las tasas judiciales les hacen echarse atrás y no reclamen sus derechos". De hecho, ha señalado que algún afectado se ha dirigido al Gobierno riojano "negándole la razón, y lo deja tirado, a pesar de haber aprobado una Ley en defensa del consumidor".

"Es una incongruencia que el Banco de España de la razón a los afectados, y el Gobierno riojano de la razón a las entidades financieras", ha concluido.