El Comité Central del PCA ha aprobado una resolución en la que reclama la puesta en marcha de una "ley anticorrupción" en la Comunidad que garantice la máxima transparencia de toda la acción de la instituciones, "que permita la máxima vigilancia ciudadana de las mismas y que no deje hueco al robo ni a la malversación".

En el citado documento, recogido por Europa Press, se apunta que "ser garantía contra la corrupción significa que la presencia de IULV-CA en el gobierno supone, y debe seguir suponiendo, un antes y un después en la historia democrática de Andalucía en lo que se refiriere a la gestión limpia y honesta de los recursos propios". "Sin la presencia de IULV-CA en el gobierno nada de esto habría sido posible", se añade.

Además de reclamar una ley anticorrupción, los comunistas consideran "urgente" que se hagan realidad antes de que concluya la legislatura las leyes de banca pública, movilidad, protección de consumidores hipotecarios, agricultura, renta básica e inclusión Social, participación y memoria democrática.

Junto con las mencionadas normas, el PCA asegura que "da sentido" a la participación de IULV-CA en el Gobierno una ley integral de igualdad y de violencia de género; un decreto de mínimos vitales básicos; la defensa de los servicios públicos; un banco público de tierras; o un impuesto a las tierras en desuso "para que quien deje el campo yermo pague por ello".

A estas peticiones se añaden el impuesto a las grandes superficies "para que las empresas que manejan el comercio paguen por ello", y una RTVA que se conciba como un "verdadero" servicio público. "Ello significa no solo que se mantiene con dinero público, sino que cumplan un servicio público esencial", apostillan los comunistas.

De cara a la Asamblea de Rendición de Cuentas que IULV-CA celebrará el próximo domingo, el PCA propone adecuar la estructura organizativa de la federación de izquierdas a la realidad actual, debiendo analizarse "si la actual estructura organizativa es la adecuada para atender a la realidad de las necesidades actuales".

Para los comunistas resulta necesario "abrir paso a estas nuevas realidades organizativas y de militancia flexibilizando nuestra estructura, haciéndola permeable a las posibilidades que abren las nuevas tecnologías". Para ello, proponen que el Consejo Andaluz de IULV-CA estudie una modificación de los Estatutos.

Procesos revocatorios para cargos institucionales

Otra de las propuestas se refiere a la inclusión de "procesos revocatorios" para los cargos institucionales. Así, se pide que la relación entre la base y la dirección, y entre la base y los cargos institucionales tenga canales de comunicación y de exigencia de responsabilidades, sin que dichos canales o exigencias tengan que pasar forzosamente por los órganos intermedios que, "a veces sirven más de filtro y de control que de impulso".

El PCA también reclama aumentar la visibilidad pública de IULV-CA y pide que la Asamblea de Rendición de Cuentas mandate al Consejo Político, máximo órgano de dirección entre asambleas generales, a reforzar los órganos de dirección y el discurso propio y diferenciado del proyecto de IULV-CA, "que conlleve el incremento de nuestras exigencias en el Gobierno andaluz".

"Para IULV-CA todo queda supeditado (incluida nuestra permanencia) al cumplimiento del pacto y a la puesta en marcha de estas medidas acordes a la realidad de la clase trabajadora y las capas populares", se incluye en el documento, en el que también se asegura que la dirección tomará las medidas necesarias encaminadas a verificar el ritmo de dicho cumplimiento, nuestra actuación en el cogobierno y en qué grado se adecua a nuestra estrategia política.

Además, los órganos de dirección, también adoptarán las decisiones necesarias en tal sentido y que se deberán comunicar "de inmediato" al conjunto de la organización. También destaca el PCA que la política de pactos "no es igual que la política de alianzas" y que IULV-CA como fuerza que actúa en todos los ámbitos es una fuerza "independiente" para pactar cuestiones políticas concretas, de táctica parlamentaria o de acuerdos programáticos con cualquier partido político u organización social.

El PCA considera que, en el momento actual, la participación en el Gobierno andaluz es útil si sigue abriendo fisuras en el modelo económico imperante hasta ahora "y damos señales de que se abre camino a la esperanza de políticas más audaces cuanto mayor apoyo social y electoral tengan las propuestas de la izquierda transformadora andaluza y mayor capacidad de movilización para llevarlas a cabo".