El transporte colectivo para personas con discapacidad tendrá derecho en Andalucía a la tarjeta de aparcamiento en zona reservada. Así queda recogido en el anteproyecto de ley de los derechos y las atenciones de las personas con discapacidad, un texto normativo que el pasado 2 de diciembre comenzó su tramitación.

Así lo ha recordado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha señalado que el objetivo de este anteproyecto es "garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación". Casi un diez por ciento de la población andaluza presenta algún tipo de discapacidad.

El nuevo texto aporta un cambio de perspectiva en la atención a la discapacidad. Y es que se pasa de un enfoque asistencial a uno basado en la garantía de derechos en todos los ámbitos.

En este sentido, desarrolla un derecho a la salud más amplio, en el que se incluye la necesidad de desarrollar programas concretos en educación sexual y reproductiva para hombres y mujeres con discapacidad, y la importancia de ofrecer formación específica a los profesionales en la atención a este colectivo.

Del mismo modo, se incorpora el derecho a la atención temprana, para niños y niñas de 0 a 6 años, a través de un modelo de atención integral que englobe los ámbitos sanitario, educativo y social.

En lo que al empleo y la formación se refiere, el anteproyecto recoge la obligación de la Administración a elaborar un Plan de Empleabilidad específico que permita reducir la tasa de paro que sufre este colectivo, y que se sitúa en el 43 por ciento. Y se establecen medidas concretas de acción positiva, tales como la obligación de reservar el tres por ciento de las plazas de cursos de formación organizados por la Junta a personas con discapacidad y, al menos, el cinco por ciento de las plazas en programas de escuela taller, casas de oficio y talleres de empleo.

La reserva del siete por ciento de plazas en las ofertas públicas de empleo de la Junta se complementa con la obligación de que dichos puestos de trabajo estén adaptados, así como las dependencias y los equipamientos necesarios para su desarrollo.

El anteproyecto de ley incluye también el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad, y la obligación a favorecer una vida independiente, para lo que establece medidas de acción positiva en el acceso al ocio y a la vivienda y la elaboración de un desarrollo normativo que regule la asistencia personal.

En la misma línea, regula el acceso a la vivienda protegida sin distribución en su interior, de tal forma que puedan adecuarse a las necesidades concretas de cada persona, se regulará el uso de perros asistenciales en la comunidad autónoma y se fomentará el uso de tecnología accesible.