El Ministerio francés del Interior anunció este lunes que a partir del 2015 prohibirá el servicio de la plataforma Uber, que permite a gestionar la contratación de vehículos en la ciudad a través del teléfono móvil.

Así lo anunció en varios medios de comunicación el portavoz del Ministerio, Pierre-Henry Brandet, coincidiendo con una movilización del sector del taxi que protesta con operaciones de ralentización del tráfico contra la "competencia desleal" que le atribuyen a Uber.

"La ley que se ha votado sobre la reglamentación de la profesión del taxi y de los coches de turismo con chófer, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, es aún más exigente para ese tipo de empresas", señaló Brandet en la cadena "iTélé".

El portavoz de Interior recordó que la pena por poner en relación a clientes y conductores sin los permisos necesarios podría llegar hasta dos años de cárcel y 300.000 euros de multa.

"No solo será ilegal prestar el servicio, pero para el consumidor existe un verdadero peligro", agregó Brandet, dijo en relación con la falta de un seguro adecuado por parte de los conductores.

Desde las 5,00 horas locales (4,00 GMT), decenas de taxis se han dado cita en lugares como los aeropuertos parisinos de Orly y Roissy-Charles de Gaulle con el objetivo de provocar densidad de tráfico y atascos en la periferia de París para protestar como medida de protesta.

El portavoz de quienes convocaron la jornada de protesta, Ibrahima Sylla, declaró a los medios de comunicación que es sector no se tranquilizará hasta que "se escriba esa ley".

Por su parte, el primer ministro francés, Manuel Valls, declaró desde Lyon (este) que la liberalización de algunas profesiones reguladas que planea el Ejecutivo no es "la ley de la selva". "Liberalizar energías de nuestra economía no es la ley de la jungla. Evidentemente, hay que tranquilizar a los taxis", señaló Valls.

El servicio que ofrece esa polémica empresa se ha prohibido ya en varios puntos de Estados Unidos y países como Bélgica, España, Holanda o Tailandia.

Hace tan sólo unos días el juez de lo Mercantil número 2 de Madrid ordenaba la cesación y prohibición en todo el territorio nacional de Uber. En el auto, el magistrado acordaba estimar las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa Uber.

El juez aceptaba la medida bajo el argumento de que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal. En la resolución, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente".