Los altos cargos de la Comunitat Valenciana podrán ser cesados por el incumplimiento de normas de transparencia, se retirarán las placas conmemorativas por razón de condena con sentencia firme y parte de su sueldo —al menos un 10 por ciento— se vinculará al cumplimiento de objetivos asignados, que serán evaluados por una entidad "experta e independiente".

Estas son algunas de las medidas que se contemplan en el proyecto de Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat, que este viernes ha aprobado el Consell para su remisión a las Corts Valencianes, por lo que "con seguridad", la norma se va a aprobar "en esta legislatura".

Así lo ha manifestado el vicepresidente del Gobierno valenciano y titular de Presidencia, José Císcar, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y ha dado cuenta de las novedades que incorpora el proyecto —respecto al anteproyecto que se adelantó en septiembre— tras el período de consulta pública.

Císcar ha detallado que se han recibido un total de 136 propuestas ciudadanas, de las que se han incorporado 66 de forma íntegra —un 49 por ciento— y once de manera parcial, un 8 por ciento. Entre ellas, destaca la creación del Consejo de Transparencia, que contará con una Comisión Ejecutiva y otra Consultiva.

Asimismo, se establece un sistema sancionador propio, diferente al estatal, para aquellas personas y entidad que incumplan las disposiciones de la ley. Este régimen prevé, para las autoridades y cargos directivos, sanciones que podrán llegar al cese por el incumplimiento de normas y, en el caso de los funcionarios, a aquellas que medidas que marca su estatuto legal. Respecto a las entidades que reciben ayudas públicas, el castigo podrá alcanzar los 400.000 euros y la devolución de la partida recibida en casos muy graves.

Silencio administrativo positivo

También se han recogido las peticiones ciudadanas para que el silencio administrativo sea positivo en la solicitud de acceso a la información, de modo que la administración tendrá un mes para contestarlas solicitudes o se entenderán aceptadas. Asimismo, se contempla la obligación de publicidad activa por parte de aquellas entidades que reciben más de 10.000 euros de ayudas públicas al año; y la difusión públicas por parte de cargos públicos de su declaración de bienes y derechos patrimoniales y variaciones.

Del mismo modo, se plantea la creación de un inventario de los obsequios recibidos por razón del cargo, así como la publicación de la información relativa a los estudios de opinión con indicación de los importes por gastos de elaboración y empresas adjudicatarias, así como el gasto anual en campañas de publicidad y de promoción institucional. Esta ley también establecerá la publicación de los gastos de caja fija por órgano directivo, aunque todavía no se ha decidido con qué periodicidad.

Retirada de placas conmemorativas

El Gobierno valenciano también plantea en esta norma la retirada de placas conmemorativas en los casos en los que exista sentencia judicial firme. Al respecto, y preguntado por si también se podrían retirar los títulos honoríficos o ventajas de expresidentes de la Generalitat como José Luis Olivas, imputado, Císcar ha destacado: "En el momento en que hubiera una sentencia condenatoria firma, evidentemente".

Del mismo modo, y respecto a la placa que tiene el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, en el aeropuerto, ha explicado que correspondería a Aerocas.

En lo que se refiere a la información que debe hacerse pública, el proyecto de ley incluye, como novedad, la información detallada sobre avales concedidos por la Generalitat, los encargos por parte de la administración a medios propios y la subcontratación.

Císcar ha recordado que la futura ley de Transparencia de la Comunitat obliga a hacer públicos, entre otros, todos los contratos formalizados y sus prórrogas, los convenios de colaboración, las encomiendas de gestión, las subvenciones y ayudas públicas, los presupuestos y grado de ejecución o información sobre la financiación de la Comunitat y la deuda pública.

También establece que deben hacerse públicas las retribuciones de cada alto cargo, así como las indemnizaciones percibidas por cese o despido, y el importe de la indemnización por residencia o los viajes y desplazamientos fuera de la Comunitat realizados en el desempeño de la función de cada alto cargo.

Copia de títulos académicos

Por su parte, las novedades en el ámbito del buen gobierno, apartado que afecta a los miembros del Consell, a los altos cargos y a los cargos asimilados del sector público, radican en la obligación de publicar en GvaOberta copias de los títulos académicos de los altos cargos, y no solo de su currículo, así como la retirada de las placas conmemorativas en los casos en los que exista sentencia firme.

En cuanto al ámbito de aplicación del nuevo texto, la novedad con respecto al anterior texto es la inclusión de las administraciones locales. la Ley de Transparencia es aplicable a la Administración de la Generalitat, LAes Corts, la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comité Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu, la totalidad del sector público de la Generalitat, las universidades públicas valencianas y las corporaciones de derecho público.

Además, en el cumplimiento del principio de publicidad activa, alcanza también a partidos políticos, sindicatos, corporaciones profesionales y asociaciones representativas de intereses sociales, así como a todas aquellas entidades y personas que reciban fondos con cargo al presupuesto de la Generalitat.

"administración de cristal"

Císcar se ha mostrado convencido de que esta ley "marcará un antes y un después en materia de transparencia en la Comunitat Valenciana" y ha confiado en que, en un futuro, se tendrá que hablar menos de la necesidad de ese concepto porque estará "anclado" en el sistema valenciano. "Esta ley de transparencia convierte a la Generalitat en una administración de cristal",ha destacado.