El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión semanal el convenio con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Laredo para la financiación de la construcción de 20 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social en la Puebla Vieja, que supondrá una inversión superior a los 1,9 millones de euros.

Este es el acuerdo más relevante de los adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal, en la que que en total se han aprobado inversiones por importe de 4.128.899 euros.

La promoción de la Puebla Vieja de Laredo será la primera en el país que se ejecutará al amparo del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria, Regeneración y Renovación Urbana 2013-2016, según informa el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

Se llevará a cabo a través la empresa pública Gesvican, dependiente del Gobierno de Cantabria, y se ubicará en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Laredo en las calles Revellón y Ruayusera. Comprenderá dos edificaciones de 8 y 12 viviendas, respectivamente, con una superficie comprendida entre los 45 y los 69 metros cuadrados útiles.

Diez de las viviendas promovidas por el Gobierno de Cantabria en la Puebla Vieja serán para alquiler social y otras diez para el alquiler protegido, de tal manera que las viviendas de 45 metros cuadrados tendrán una renta máxima de 127 euros al mes.

El pasado mes de noviembre se rubricó la escritura pública por la cual el Ayuntamiento pejino cedió al Gobierno las dos parcelas donde se construirán las viviendas y en estos momentos se encuentra abierto el plazo para la presentación de las ofertas para la ejecución de los trabajos, que tendrán un plazo de 20 meses.

Desde el Gobierno se señala también que el proyecto tendrá en cuenta la morfología de la Puebla Vieja y la preservación de los restos arqueológicos encontrados que datan del siglo XIII.

El Ejecutivo añade que esta actuación está incluida dentro de sus políticas para el fomento del alquiler social, con el fin de facilitar el acceso a una vivienda a las familias con menos recursos. En esta línea, se incluyen el decreto de ayudas para fomentar la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler, y las ayudas a familias con un apoyo público del 40 por ciento del precio del arrendamiento.

Otros acuerdos

Por otro lado, el Consejo ha aprobado prorrogar el convenio con la Universidad de Cantabria para el diagnóstico precoz de metabolopatías, por importe de 165.600 euros. El acuerdo prevé efectuar unos 4.600 análisis, tendentes a detectar precozmente en bebés recién nacidos enfermedades congénitas como la fibrosis quística, el hipotiroidismo y otras metabolopatías.

El Gobierno también ha prorrogado el convenio con el Servicio Cántabro de Salud por que el se encomiendan las actividades en materia de farmacovigilancia a la Unidad de Farmacología Clínica de la Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo. Desde esta unidad se centraliza la recepción, evaluación, registro y clasificación de las reacciones adversas a medicamentos que se produzcan en el ámbito del sistema autonómico de salud.

También, se ha prorrogado el contrato de suministro de gases medicinales, por importe de 1.130.680 euros y la consejera de Sanidad informó de la adjudicación de contratos por importe de 490.218 euros para la adquisición de material sanitario y equipamiento médico-quirúrgico con destino a los hospitales Valdecilla y Sierrallana.

Dentro de las competencias de la Conserjería de Presidencia y Justicia, el Consejo de Gobierno ha autorizado el contrato de prestación del soporte del Servicio de Comunicaciones SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digital de Emergencia del Estado) a las unidades intervinientes en emergencias del Gobierno de Cantabria, por importe de 429.400 euros.

Esta herramienta de comunicaciones y su interoperabilidad facilita de forma efectiva las misiones de gestión de emergencias y de conducción de crisis, al favorecer la acción conjunta de los agentes implicados. La red cumple las condiciones que se requieren para protección civil y policías locales y tiene amplias posibilidades de futuro pues permite la adaptación a las nuevas tecnologías, explica el Gobierno regional.