El secretario general del Partido Andalucista (PA), Antonio Jesús Ruiz, ha asegurado que el PP "cruza la última línea roja" con la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, una normativa que ha calificado de "ilegal".

En un comunicado, Ruiz ha manifestado el "rechazo frontal" de los andalucistas a la nueva ley que fue aprobada con el voto en contra de la oposición en bloque "y que nace con la sociedad y la comunidad internacional también en contra".

Por todo ello, ha instado a la Junta a "estar en primera línea en el procedimiento para declarar la inconstitucionalidad de la Ley o para su posterior derogación, para proteger a los ciudadanos de Andalucía de una Ley que cercena sus derechos fundamentales".

Tras insistir en que se trata "de una normativa ilegal a todas luces, que contraviene casi todos los tratados internacional firmados por el Estado español sobre Derechos Humanos", Ruiz ha subrayado que el PP "se está saltando a la piola el artículo 10.2 de la Constitución que obliga a cumplir esos tratados".

Para el líder andalucista, "estamos asistiendo a la intervención por parte del Estado de nuestros derechos fundamentales como ciudadanos". "El Gobierno del Estado se ha salido de las normas democráticas más elementales, siendo ésta sin duda una ley regresiva que limita derechos fundamentales y que recuerda al franquismo más tenebroso".

En este sentido, Ruiz ha recordado que la mayoría de sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, eran faltas en el Código Penal. Con la nueva ley, la conversión de las faltas en sanciones administrativas elimina el control judicial previo, que estaba garantizado cuando eran faltas penales.

Además, según explica, la posterior judicialización del proceso irá a través del procedimiento contencioso-administrativo, que con la reforma judicial incluye tasas, mientras que la vía judicial penal sigue siendo gratuita.

Ruiz ha puesto especial énfasis en la denuncia de la "legalización" de las conocidas como devoluciones en calientes de inmigrantes en territorio español sin que hayan alcanzado el cordón policial. "Es una aberración que ha conseguido poner de acuerdo a gran parte de los sectores sociales, entre ellos más de 130 ONGs y la propia Iglesia", ha apuntado.