La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha considerado este viernes "oportuno" que se debata en el Parlamento de Andalucía, tras la proposición no de ley registrada por IULV-CA, la "mal llamada colaboración público-privada", que, según ha apuntado, "cuatriplica los costes e hipoteca las cuentas públicas de 30 a 35 años".

Preguntada al respecto en rueda de prensa, la consejera ha señalado como "razonable" el momento actual para llevar a cabo este debate y que cada grupo parlamentario ofrezca las razones de cara a la colaboración público-privada y se presenten alternativas a la misma.

Así, ha apuntado que, en la actualidad, no se está ejecutando ninguna infraestructura mediante este sistema de financiación, a excepción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba.

Cabe recordar que este pasado jueves IULV-CA ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento en la que pide a la Junta que ponga "coto" a la "hipoteca abusiva" que supone la "mal llamada" colaboración público-privada como método de financiación para la construcción de grandes infraestructuras y que realice una auditoría de todos los contratos que existan en la actualidad a través de esta fórmula.

Así lo explicó a los medios el portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, momentos después de depositar la citada iniciativa en el Registro de la Cámara, junto con la diputada de IULV-CA y portavoz en la Comisión de Fomento y Vivienda, Inmaculada Nieto.

IULV-CA demanda que dicha auditoría incluya, al menos, los costes procedentes de expedientes de modificación del proyecto de construcción, los importes procedentes de facturas emitidas por la adjudicataria al margen de la concesión, los importes procedentes de la contratación con terceros y la desviación de financiación prevista.

También pide que la Junta haga pública esta auditoría a través del Portal de la Transparencia que va a poner en marcha la administración andaluza; y que, además, realice de oficio y como documentación complementaria de la auditoría un estudio que evalúe otros modelos de financiación alternativos a los que finalmente fueron elegidos.

Junto a ello, solicita que se revisen y evalúen todos los contratos de colaboración público-privada a fin de valorar las posibilidades de renegociación de los contratos de este tipo existentes, a fin de reducir las obligaciones financieras; y que no se establezcan nuevos contratos si la decisión no va a acompañada de una memoria justificativa que incluya "modelos alternativos de financiación y una agenda clara de planificación, diseño, control y evaluación".