La Fiscalía ha mantenido este miércoles la acusación que dirige contra el exalcalde de Jódar (Jaén) José Luis Angulo (IU) y cinco concejales que en el año 2004 formaban parte de la Junta de Gobierno local de dicho municipio —todos de IU salvo uno del PP— por supuestos delitos de prevaricación urbanística que habrían cometido al conceder unas licencias de obras a tres propietarios particulares pese a contar con informes técnicos y jurídicos desfavorables.

En cambio, la Fiscalía sí ha modificado sus conclusiones iniciales respecto a otras dos de las nueve personas originariamente acusadas en este proceso —particulares que habían solicitado las referidas licencias de obras—, que se han conformado con los cambios introducidos, según ha explicado a Europa Press el abogado que ejerce la defensa de los seis cargos políticos, que ha confirmado que el juicio ha quedado visto para sentencia este miércoles.

La defensa de José Luis Angulo, María José Cano, Eugenio Torres, Cristóbal Parra, Diego Pastrana y María Montávez —el exalcalde y exconcejales— ha interesado, en cambio, la libre absolución de sus clientes, ya que sostiene que "no todos los informes eran desfavorables" respecto a las licencias solicitadas, y "no concurren los requisitos" para que se pueda colegir que cometieron los supuestos de prevaricación urbanística esgrimidos por el Ministerio Público.

En concreto, la Fiscalía interesa para el exalcalde de Jódar una multa de seis euros diarios durante 16 meses e "inhabilitación especial para el cargo de concejal y/o alcalde por el tiempo de ocho años", así como para cada uno de los restantes cinco ediles citados pide una multa de seis euros diarios durante 24 meses y su inhabilitación durante diez años para ejercer de concejal y/o alcalde por un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística, y otra sanción de seis euros diarios durante 16 meses y la misma inhabilitación pero por un periodo de tiempo de ocho años por otro supuesto ilícito de prevaricación.

Y es que, según sostiene el Ministerio Público en su escrito de calificación, los cinco concejales citados participaron en dos reuniones de la Junta de Gobierno local, celebradas en mayo y octubre de 2004, en las que se concedieron licencias de obras solicitadas por particulares para la realización de una serie de construcciones sobre parcelas ubicadas en el paraje 'El Portillo' de Jódar, sobre suelo clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio como 'No urbanizable adscrito a la categoría de especial protección por la planificación territorial o urbanística'".

Son construcciones que, según sostiene la Fiscalía, no eran "susceptibles de ser autorizables al incumplir el PGOU de Jódar y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía" (LOUA), pese a lo cual obtuvieron licencia. Quien en aquel momento era alcalde de la localidad, José Luis Angulo, únicamente participó en una de las dos sesiones de la Junta de Gobierno que acordaron esos permisos; en concreto, en la del 27 de octubre de 2004, que atendió la solicitud del encartado J.F.P.C. para construir "una nave de aperos de 170 metros cuadrados" en una parcela del referido paraje, una petición "informada desfavorablemente por el arquitecto municipal" y por "la asesora jurídica del Negociado de Urbanismo de Jódar".

Consecuencias de "política de '

Todo vale'"

Para el actual alcalde de Jódar, José Luis Hidalgo (PSOE), este tipo de actuaciones se enmarcan en "la política urbanística de 'todo vale'" que, en su opinión, aplicaron en el municipio IU y PP en la anterior legislatura (2007-2011), cuando ambos alcanzaron un pacto de gobierno, pero también en la de 2003-2007, en la que se encuadran los hechos juzgados, ya que en aquellos años "solo esos dos partidos integraban la comisión de gobierno, de la que no dejaban formar parte al PSOE".

"Ahora nos explicamos por qué", ha apostillado este miércoles en declaraciones a Europa Press el actual regidor socialista, que ha incidido en que en aquella legislatura "formalmente no había pacto" de gobierno entre ambas fuerzas políticas, pero las dos integraban la Junta de Gobierno, así como que en esos años hubo "vecinos que pudieron construir de forma irregular" en el municipio como consecuencia de esa actitud del ejecutivo local.

Hidalgo ha indicado además que uno de los constructores supuestamente beneficiados de estas presuntas irregularidades urbanísticas al haber obtenido las licencias solicitadas es "exconcejal de IU", y otro de ellos "hermano de un exconcejal" de la misma formación.