El vicealcalde de Valencia y presidente del patronato de la Fundación Turismo Valencia, Alfonso Grau, ha señalado este miércoles que no piensa dimitir hasta que se presente contra él una acusación firme con la apertura de juicio por el caso Noós y al respecto ha retado al grupo municipal socialista en el consistorio, si tan seguros están de sus acusaciones, a que acepten públicamente dimitir en bloque en el momento en el que se archive la causa y sea absuelto por "indignos".

Grau, en rueda de prensa acompañado de su abogado, ha descartado presentar su dimisión "profiláctica", como le reclaman los socialistas, pero ha recalcado que él ya ha asumido públicamente su responsabilidad. "Si están tan seguros de mi culpabilidad, que recojan este guante mañana mismo", ha manifestado.

En estos momentos, según su letrado, "técnicamente sí que está imputado" aunque se trata de una condición "coja" que "no se ajusta a los parámetros legales de la defensa" porque sobre él no se ha dictado un auto abreviado de procesamiento en el que se detallen los hechos que se le imputan ni la calificaciones jurídica para que puedan recurrirlo y presentar pruebas.

Al respecto, ha anunciado que presentarán un recurso de apelación contra la falta de auto de procedimiento abreviado así como una petición de sobreseimiento. En ese sentido, ha argumentado que si el auto de apertura del juicio oral se dictase, pero la Audiencia estimara ese recurso de apelación como confían, "estas actuaciones sería nulas". Por ello, ha barruntado que la apertura de juicio "podría demorarse hasta que se resuelva" este escrito de apelación.

El vicealcalde, que ha recalcado que no se ha escondido en ningún momento, ha recalcado que "nadie puede tener más independencia" ni conocimiento de la causa que el Ministerio Público, que es quien "representa los intereses públicos", y que precisamente ha sido la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no existen "indicios racionales de criminalidad" en su actuación.

Por ello, ha exigido al portavoz socialista, Joan Calabuig, que "deje de esconder en el pretexto que defiende el dinero y los intereses de los valencianos" y que "diga claramente que están utilizando torticeramente la Justicia y a mí como chivo expiatorio para sus usos partidistas". Así, ha recordado que la propia Fundación está personada en la causa civil para reclamar el dinero.

El PSPV y el sindicato Manos Limpias piden para él en su escrito de acusación 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.

Grau ha insistido en que la decisión de los contratos con Noós con Valencia Summit, como "dice el propio Fiscal", fue "una decisión colegiada, no mía", de la Fundación, una entidad que, ha recordado, "la creó el PSOE como entidad privada" y "fueron los propios socialistas los que incluso en 2006 pidieron que se pudiera más dinero". "Yo no he firmado un sólo papel en ningún momento", ha recalcado.

Así, ha insistido en que el Ayuntamiento, como institución, "nunca ha estado en este asunto como se ve en los 70.000 folios de esta causa". En ese sentido, preguntado por si se produjo en la Zarzuela una reunión entre el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin y su socio en Nóos, Diego Torres, ha afirmado: "A mí no me consta".

"Hasta donde yo sé esa reunión en la Zarzuela no existe", ha afirmado Grau, quien en cualquier caso ha matizado que no puede hablar de una reunión en la que él no estuvo presente. "Ni salpicaduras —a Barberá— ni gaitas. Aquí hay lo que hay", ha apostillado.

Reunión previas

Por otra parte, ha negado que se aleccionara a los testigos del patronato de la Fundación Valencia Turismo en una reunión antes de la declaración ante el juez Castro, a la que aseguró que no asistió, sino que se les citó para "poner a su disposición" documentación de las actas dado que se trataba de unas reuniones de hace 10 años.

Al respecto, el abogado ha aclarado que se trató de "una decisión administrativa" para evitar "un rosario" de peticiones después de que tres patronos solicitaron las actas para poder mostrarlas a todos los interesados el mismo día y a la misma hora.

Del mismo modo, el abogado, ha recalcado que de los testimonios de los 12 patronos, que declararon "libremente, individualmente y sin indicaciones previas", se evidencia que las figuras delictivas que se aplicaron a Grao se califican como "delito imposible" porque "no tiene la capacidad de tomar decisiones". De hecho quedó acreditado que las decisiones se tomaron "colegiadamente, colectivamente y previa consulta de la intención de voto de los patronos.