El delegado sindical de UGT y miembro del comité de empresa en Laboratorios Pérez Giménez, José Ruiz, se enfrenta desde este jueves a la querella criminal, por la presunta comisión de un delito de injurias y otro de calumnias, que interpuso el pasado septiembre contra él uno de los administradores concursales de dicha farmacéutica cordobesa, precisamente cuando la empresa está en liquidación y los citados administradores concursales pretenden el despido de sus 147 empleados.

En concreto, según informó en su día la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT-Córdoba, dicho administrador concursal, Francisco Estepa, exige a Ruiz una indemnización de 62.728 euros por los daños al honor y al prestigio profesional que dice haber sufrido con las críticas a su gestión en los laboratorios que Ruiz supuestamente ha divulgado a través de Whatsapp y Twitter.

Ante ello, desde UGT ya se manifestó su "rotundo rechazo" a "la intención de coartar el derecho a la libertad de expresión y de información a los trabajadores" de Laboratorios Pérez Giménez que, a su juicio, "pretende la Administración Concursal" de la farmacéutica, a través de "su máximo gestor, Francisco Estepa".

El sindicato entiende que ese es el objetivo que persigue el citado administrador concursal al haber interpuesto la mencionada querella, algo que, en opinión de UGT, no se entiende, dada "la situación tan precaria que existe en estos momentos" en la empresa, cuando va a ser vendida por lotes y todos sus trabajadores despedidos y que sea, precicisamente en este contexto, cuando "se intente privar de la información" a la que tienen derecho los trabajadores y que les es "tan necesaria" sobre el estado de la empresa y su futuro laboral.

Por eso, el sindicato ha anunciado que actuará "con toda la contundencia y medios" a su alcance "para que esta acción ilegal, pretendida por este administrador judicial, no logre su objetivo, porque parece no entender la tan lamentable situación de los trabajadores".

Coincide con esa opinión el propio sindicalista afectado, José Ruiz, quien ya dijo que, "con esta actuación los administradores pretenden algo más, y es que nos callemos y no trascienda información sobre su mala gestión, o hechos objetivos como que nos deben 30 nominas desde que se hicieron con la empresa", y el resultado es que "los trabajadores y sus familias estén pasando hambre y arruinados".

Eso es lo que, según ha señalado ya Ruiz en diversas ocasiones, "puede que no les interese a los administradores que se sepa", sobre todo cuando, según entiende el sindicalista, el juez les nombró "para reflotar una empresa, viable a todas luces, y no para crear una deuda en la masa de millones de euros y deberle 30 nominas a los trabajadores desde que se hicieran cargo de la empresa, destituyendo al anterior administrador único, Sergio Martínez, pues entonces existía saldo positivo y se adeudaban cuatro nóminas".

Esto es, según ha subrayado Ruiz, lo que Estepa "no quiere que trascienda" y por eso ha interpuesto la querella contra él, "porque dice que daña su honorabilidad y profesionalidad, cuando lo primero que tiene que demostrar a los trabajadores son estas dos cosas, que es profesional y que tiene honor, y que piense entonces que daño tendrían que manifestarle a él los trabajadores, indignados y abandonados, debido a la situación en que nos han metido".