La corrupción sigue siendo un problema muy grave para la mayoría de catalanes, según el barómetro sobre la percepción de la corrupción elaborado cada dos años por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC). La percepciónha empeorado desde el primer informe, publicado en 2010: ese año, un 79% de los entrevistados opinaba que ese es un problema muy o bastante grave, porcentaje que ahora ha subido hasta el 88,9%.

Además, el 88,1% afirma que los políticos no hacen lo necesario frenar esta lacra y los ciudadanos exigen "mayor contundencia" contra los políticos corruptos, de forma que el 90,3% se muestra partidario de apartar de sus funciones a los cargos públicos sospechosos mientras se espera sentencia sobre su caso, un 6,1% defiende que se les mantenga y un 2% dejaría esa decisión en manos del afectado. Sin embargo, el director de la OAC, Daniel de Alfonso, no comparte esta opinión.

Durante la presentación del barómetro, elaborado sobre una muestra de 800 encuestados, De Alfonso ha defendido que los cargos públicos investigados por corrupción no dimitan hasta que no se les envíe a juicio, para evitar que los políticos puedan ser víctimas de denuncias falsas por parte de sus adversarios para convertirlos en "un muerto civil". A su juicio, provocar la imputación de una persona es "muy fácil", ya que basta con presentar una denuncia y que sea admitida a trámite, y a menudo puede ser "una maniobra política del adversario, sobre todo en época preelectoral".

En cualquier caso y dada la generalizada percepción de corrupción, ha apostado por llevar a cabo "una reforma de las dinámicas de los partidos políticos", lo que considera que son unos "deberes pendientes" en Cataluña y en toda España.

Por otro lado, el 55% de los encuestados cree que los partidos políticos se financian ilegalmente en Cataluña y el 88,6% opina que el hecho de que los partidos políticos reciban financiación privada puede influir en sus decisiones. De hecho, el 74,8% afirma que las decisiones políticas no son suficientemente transparentes y el 90,1%, que los políticos no dan suficientes explicaciones sobre su gestión. Además, el 53,5% cree que los políticos son poco o nada honestos y el 82,9% opina que hay un vínculo demasiado estrecho entre la política y los negocios.

Los encuestados creen que el servicio público donde la corrupción está más extendida es el de obras públicas (87,8%), seguido del de urbanismo (80,9%) y el de justicia (62,4%); y las actividades más corruptas son los contratos públicos (78,5%), la concesión de licencias (73,1%), las subvenciones a entidades (67,8%) y la selección de personal (67,6%).

En cuanto a las instituciones, las más corrompidas son los partidos políticos (85,3%), las entidades financieras (84,3%), los sindicatos (72,9%) y los ayuntamientos (68,4%). Además, el 74,1% opina que las administraciones públicas tratan de forma privilegiada las personas y entidades afines al gobierno, y el 58,3% de los afirman que la información que ofrecen los medios de comunicación sobre los casos de corrupción es poco o nada objetiva.

El 77,5% piensa que los catalanes son muy o bastante honestos y que, en general, cumplen las leyes, según el 80,4%. Ello no quita que algunos se planteen infringir la ley para evitar, por ejemplo, la pérdida de puntos del carné de conducir. El 5,5% de los encuestados confiesa que intentaría que un familiar dijera que conducía él y el 1,1% trataría de comprar puntos por Internet.

Además, el 39,8% no aprecia corrupción en que un directivo de una empresa acepte regalos de un proveedor; el 30,8% justifica empadronar a un hijo en casa de los abuelos para que matricularlo en la escuela deseada; el 29,5% no ve mal que un médico de la sanidad pública haga un viaje pagado por un laboratorio farmacéutico; el 20,9% entiende que se llame a un médico amigo para eludir la lista de espera; el 15,1% no ve mal que un alto cargo admita como regalo una caja de vino de una empresa; y el 11,5% comprende que se contraten servicios sin factura para ahorrarse el IVA.