El Gobierno avala que el expresidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) Juan Ignacio Lema Devesa que dejó la empresa con una deuda de más de 15.000 millones haya sido elegido presidente de la patronal de ingeniería Tecniberia de la que, entre otras empresas, forma parte la aeronáutica Inteco, propiedad del Ministerio de Fomento.

El portavoz de Justicia de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Gaspar Llamazares, considera que el caso de Lema Devesa es un claro ejemplo de la denominada 'puerta giratoria' y, para saber si el Gobierno veía alguna pega en el nombramiento su nombramiento como presidente de Tecniberia registró una batería de preguntas en la Cámara Baja.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recalca que Lema Devesa no ha vulnerado las normas de incompatibilidades de los altos cargos puesto que él cesó en AENA el 18 de enero de 2012 y cuando fue nombrado presidente de Tecniberia ya habían pasado los dos años que deben transcurrir antes de que los exaltos cargos puedan desempeñar servicios en empresas relacionadas directamente con las competencias del puesto que ocupaban en la administración.

Las causas de la deuda

Por lo que se refiere a las causas que fueron generando el elevado nivel de endeudamiento de AENA, por las que también interrogaba el diputado de IU, el Gobierno explica que se debieron, por un lado, al alto volumen de inversión realizado en la última década (más de 18.000 millones de euros), y por otro, a la práctica congelación de las tarifas aeroportuarias que no permitían recuperar el coste de los servicios aeroportuarios prestados.

Llamazares preguntó, asimismo, al Ejecutivo qué medidas piensa tomar para impedir la práctica de 'puertas giratorias' entre altos cargos de la Administración pública y las empresas con las que tuvieron relación durante el ejercicio de su cargo.

El Ejecutivo subraya que tiene "especial interés en el reforzamiento de la ética en los servidores públicos, especialmente entre los que tienen la condición de alto cargo" y que por ello ha impulsado el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, y que fija un "mayor control de las incompatibilidades".