El Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Medio Cudeyo ha comenzado a investigar la recalificación de suelo rústico de especial protección que permitió la instalación de la planta de hormigón de Fernández Rosillo en La Penilla, y ha citado a declarar "en calidad de imputado" al alcalde de Santiurde de Toranzo, Estanislao Fernández, en febrero de 2015, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Paralelamente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander ha dictado varios autos en los que ordena al Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo que adopte las medidas pertinentes para llevar a cabo la demolición de la planta de hormigón de La Penilla de Toranzo "a la mayor brevedad posible". Autos que el Ayuntamiento ha recurrido en apelación.

El pasado mes de noviembre se han cumplido nueve años desde que el Pleno del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias promovida por Fernández Rosillo. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló dicha modificación en una sentencia de enero de 2009 confirmada por el Tribunal Supremo en junio de 2012.

En ella, la Sala de lo Contencioso del TSJC acordaba remitir testimonio de la sentencia al Ministerio Fiscal con competencias en medio ambiente "en orden al conocimiento que de los presentes hechos ha de tener por la relevante trascendencia del acuerdo de modificación de las normas de planeamiento de Santiurde de Toranzo y la recalificación de suelo rústico de especial protección llevada a cabo".

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la Fiscalía ha elevado denuncia al Juzgado de Medio Cudeyo, y éste ha abierto diligencias previas en las que se ha personado, junto con el Ministerio Fiscal, el vecino colindante con la planta que recurrió en los tribunales tanto la modificación de las normas urbanísticas como la licencia concedida por el Ayuntamiento a Fernández Rosillo.

Además de citar al alcalde "en calidad de imputado" para que acuda a declarar en febrero de 2015, el juez ha pedido al Ayuntamiento el expediente municipal con todas las actuaciones realizadas en ejecución de los autos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander, que fue el que anuló la licencia de la planta de hormigón junto al río Pas -en una sentencia de marzo de 2012 confirmada posteriormente por el TSJC-.

Orden de demolición

Tras solicitar el recurrente la ejecución de esta sentencia, el Juzgado de lo Contencioso ha dictado ya tres autos sobre este asunto, en junio, septiembre y el último el pasado 15 de octubre, contra los que el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo ha presentado recursos de apelación.

En el auto de junio, el juzgado pidió al Ayuntamiento que acreditara si la planta "podría ser legal a la vista de normativa sobrevenida" a la sentencia que anuló la licencia urbanística.

En un auto posterior, recogido por Europa Press, el juez señala que el informe aportado por el Ayuntamiento, "lo que viene a alegar es que se dan los requisitos" para conceder la autorización provisional regulada en la reforma de la Ley del Suelo, pero "no consta" que se haya concedido.

Además, advierte al Ayuntamiento que su recurso de apelación contra el auto de junio no tiene "efecto suspensivo" y por lo tanto la ejecutividad del mismo "no se ve impedida". Asimismo, señala que el Consistorio realiza una "alusión inconcreta" a la "repercusión social e industrial" que ocasionaría la demolición de la planta, "sin datos ni acreditaciones", y alude también a las dificultades económicas de la Administración para hacer frente a eventuales responsabilidades patrimoniales.

"Ninguna de estas alusiones puede justificar impedimento alguno a la ejecución de la sentencia", señala el auto fechado en septiembre, en el que el juez ordena la demolición de la planta y requiere al Ayuntamiento para que actúe "con la máxima celeridad, procediendo de manera inmediata al inicio de la actuación necesaria a tal fin".

Un tercer auto de fecha 15 de octubre ordenó de nuevo al Ayuntamiento que en el plazo de cinco días iniciase los trámites para la demolición, pero el Consistorio presentó recurso de apelación.

Ante el incumplimiento de este nuevo plazo, el vecino demandante ha presentado un escrito al juez en el que denuncia la "actitud obstruccionista" del alcalde en la ejecución de la sentencia y su "frontal desobediencia" de la orden de demolición. Pide por ello que se exija al alcalde "la responsabilidad penal que corresponda", así como el "inmediato precinto" de la planta.

A todos las sentencias citadas se une el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de febrero de este año, que ratificó la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica y la orden de desmantelamiento de las instalaciones propiedad de Fernández Rosillo, que se encuentran en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Red Natura.

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