El portavoz de Economía del PP-A en el Parlamento, Rafael Carmona, ha denunciado este viernes "la ruinosa operación de venta y posterior arrendamiento de 70 inmuebles que ha anunciado el Gobierno andaluz y ha puesto de manifiesto la "ilegalidad de la renuncia al fuero territorial del Estado, al someterse al arbitraje internacional".

En un comunicado, el 'popular' ha calificado de "ruinosa" la operación de venta por valor de 300 millones de euros de 70 activos inmobiliarios de la comunidad autónoma andaluza a un fondo de inversión norteamericano para su posterior arrendamiento por 20 años.

"Esta operación nos costará a los andaluces más de 660 millones de euros", ha dicho Carmona, quien ha recalcado que el precio final de la venta de estos activos "es bastante inferior al valor de tasación que la propia Junta hizo".

Además, el portavoz de Economía del PP ha asegurado que el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 25 de noviembre, por el cual se autorizaba a que las posibles discrepancias o controversias se sometan al arbitraje internacional de la Corte de Londres, "contraviene lo dispuesto en el artículo 15 y la disposición adicional cuarta de la ley 52/97, de 27 de noviembre, de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas".

"¿Por qué se hace esto? ¿Por qué renunciamos a nuestros juzgados y nos sometemos a un juzgado internacional, al juzgado de Londres?", se ha preguntado Carmona, quien ha señalado que esta operación demuestra la desesperación que tiene el gobierno andaluz por obtener ingresos antes de finalizar el año".

En su opinión, "el incumplimiento del déficit ha lanzado a Susana Díaz hacía un acuerdo de venta absolutamente perjudicial para los andaluces entregándose a un fondo de inversión ante el que ha claudicado aceptando todas y cada una de sus condiciones".

Pregunta en la comisión

Por todo ello, el PP ha presentado una pregunta ante la Comisión de Hacienda para que la consejera explique "cuáles han sido los motivos que le han obligado a renunciar a la jurisdicción española para la resolución de los posibles conflictos", al mismo tiempo que ha solicitado copia de los expedientes de la operación de enajenación y posterior arrendamiento.

"Este es otro ejemplo más de que cómo dilapida los bienes de los andaluces el gobierno socialista, el Gobierno de Susana Díaz", ha concluido Carmona.