El Gobierno ha aprobado este viernes la reforma procesal que limitará la instrucción judicial a un plazo de seis meses para las causas ordinarias y de dieciocho para los sumarios más complejos, y amplía la intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas como los SMS y el correo electrónico.
Estas son las principales novedades que recoge el anteproyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, según ha anunciado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
La vicepresidenta ha enmarcado las reforma en el paquete de medidas contra la corrupción anunciadas la semana pasada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
"Lo que se busca es una agilización de nuestra justicia penal para que no haya ninguna sensación de impunidad ni tampoco sospechas prolongadas e indefinidas en el tiempo, sino que en unos tiempos de tramitación razonables y suficientes para una investigación profunda se pueda llegar a una sentencia", ha explicado.
Con la reforma se quiere lograr, además, según Sánez de Santarmía, "recuperar aquello que el corrupto ha podido detraer del dinero público, o ha podido beneficiarse de su actividad delictiva". Así, habrá un límite máximo de 36 meses (3 años) para instruir causas complejas por delitos relacionados con la corrupción con el fin de agilizar la justicia penal.
Excepcionalmente, a instancias del fiscal por concurrir razones que lo justifiquen o de oficio por el juez, se podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción de estos procesos, según el texto.
Según la vicepresidenta, este es uno de los "elementos troncales y más importante del paquete de medidas anticorrupción" contenido en el paquete que el presidente del Gobierno explicó la semana pasada en el Congreso, donde hizo "un repaso a un programa completo de medidas anticorrupción", muchas de las cuales están ya debatiéndose en el Congreso de los Diputados.
Los jueces y fiscales podrán prorrogar indefinidamente los plazos máximos establecidos en la instrucción judicial, que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada hoy por el Gobierno, fija en seis meses para causas ordinarias y de 18 para las causas más complejas. Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado que los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.
La reforma posibilita la prórroga por igual tiempo o inferior, hasta un máximo de 12 o 36 meses dependiendo de la complejidad de la causa, pero si existen razones que así lo justifiquen se pueden solicitar tantas ampliaciones de plazos como los jueces o fiscales consideren oportuno.
De esta forma, la instrucción podría alargarse indefinidamente en el tiempo, una decisión que incluso podría decretar el propio juzgado de oficio.
Otras medidas
- Conexidad de los delitos. Cada delito generará una instrucción "singular y diferenciada" para que las sentencias sean dictadas en tiempos más cortos, esto evitará la concatenación de piezas en los 'macroprocesos'.
- Los atestados policiales sin autor conocido, como pequeños hurtos, se convierten en una tramitación de carácter administrativo. En caso de que se detenga al responsable, se iniciará el tratamiento judicial.
- Los juicios rápidos como procedimiento monitorio penal para hacer más sencilla su tramitación en casos de escasa dificultad con penas de multa o privativas de libertad sustitutivas con multa, como son los delitos de conducción en estado de embriaguez.
- Segunda instancia penal. Este déficit ha sido una crítica permanente por parte de organismos internacionales como comités de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia revisarán las sentencias dictadas en primera instancia por Audiencias Provinciales y también se reforzará la Sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.
- El recurso de revisión será la vía para dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. El Tribunal Supremo ya apostó por esta cauce recientemente.
- Las medidas de investigación tecnológica, compatibilizando los derechos de las "personas investigadas" con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones --que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales, escuchas en domicilios-- con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad.
- Además la reforma regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito "pese a que el autor no pueda ser juzgado". El objetivo es hacer más eficaz la recuperación de activos derivados de la actividad delictiva y se aplicará en supuestos de comisión reiterada de delitos y se presuma que se han transferido bienes de origen ilícito a terceras personas.
- Los jueces y fiscales podrán prorrogar indefinidamente los plazos máximos establecidos en la instrucción judicial, que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada hoy por el Gobierno, fija en seis meses para causas ordinarias y de 18 para las causas más complejas. Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado que los plazos máximos de la instrucción fijados por el anteproyecto servirán como "referencias" y "compromisos" para finalizar la investigación en esos períodos de tiempo, pero con una flexibilidad que no establecerá topes máximos en la instrucción.
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