Frente a la propuesta de IU-CA de crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento hispalense, en torno los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos públicos, el portavoz del Gobierno municipal, el concejal del PP Curro Pérez, ha defendido este viernes que "la mejor comisión de investigación" es la que comanda la juez Mercedes Alaya, quien desde el Juzgado de Instrucción número seis dirige la causa judicial relativa a estos hechos.

"La comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián. Esa es la mejor comisión de investigación", ha enfatizado Curro Pérez, quien ha manifestado sus sospechas en cuanto a que IU-CA intente "distraer la atención" con esta propuesta que, a su juicio, responde a una "argucia personal" del portavoz municipal de IU-CA, José Manuel García, quien hace pocos días anunciaba precisamente su renuncia al acta de concejal, a cuenta de su imputación en la causa judicial que indaga la mencionada trama. En ese sentido, y ante la dimisión y relevo 'ordenado' que anunciaba García, Pérez le ha reprochado que no haya hecho aún efectiva su renuncia y que no asistiese al último pleno ordinario, aspecto conectado con su reciente imputación.

"toda la documentación desde el minuto cero"

El portavoz del Gobierno municipal hispalense, así, ha defendido que el Ayuntamiento ha aportado "toda la documentación, desde el minuto cero" a la causa judicial que dirige Mercedes Alaya y ha adoptado "medidas de responsabilidad política", probablemente en referencia al cese del que fuera director del área de Medio Ambiente y exconcejal del PP Joaquín Peña, como consecuencia de su imputación en la causa.

De tal modo, Pérez ha insistido en que el Ayuntamiento está prestando "plena colaboración" con la Justicia y la oposición tiene "acceso a toda la documentación" relativa a los contratos adjudicados a Fitonovo, con lo que ha insistido en que "la comisión de investigación" está ya en marcha "en el Prado de San Sebastián", en alusión a la sede de los juzgados de Instrucción.

La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el propio José Manuel García, quien ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez a cuenta de su papel como ex delegado municipal de Deportes.

Funcionarios y políticos

En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez Alaya que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas, y el funcionario municipal Francisco Amores, imputado en la causa, habría declarado que cuenta con documentación que podría afectar al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).

El testimonio de Amores, en ese sentido, motivó que el alcalde presentase en los juzgados un acto de conciliación, previo a la interposición de una querella, al considerar Zoido que las declaraciones del funcionario fueron "aseveraciones con temerario desprecio a la verdad que podrían ser constitutivos de sendos delitos de injurias graves o calumnias", según el escrito recogido por Europa Press, un documento que además avisa de un "evidente atentado al honor, a la dignidad personal y profesional y a la propia imagen" de Zoido.