La Fundación Víctimas del Terrorismo y las principales asociaciones y fundaciones manifiestan su "absoluto rechazo" a la excarcelación de Santi Potros "y de otros sanguinarios etarras" y consideran que "la injusta decisión" de la Audiencia Nacional supone "una inmensa humillación" para ellas.

En un comunicado conjunto, califican de "precipitada" la decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional de aceptar la petición de los presos de descontar de las penas impuestas en España los años de prisión cumplidos en Francia, y creen que es "una infracción de ley".

Para estas organizaciones, "la finalidad última no parece ser otra que la de impedir que los presos terroristas cumplan íntegramente las penas impuestas por los tribunales españoles, objetivo que supone una inmensa humillación para todas y cada una de las víctimas del terrorismo".

"Las víctimas no podemos más que expresar nuestra repulsa por la falta de sensibilidad hacia nuestro sufrimiento", señalan las asociaciones, que recuerdan que han depositado su confianza en la justicia y en la "necesaria reparación por los terribles daños que la actividad terrorista" les ha causado.

En el comunicado, estas organizaciones demandan al Tribunal Supremo que atienda el recurso del fiscal y que adopte "urgentemente las medidas necesarias para impedir que la Sección Primera de la Audiencia Nacional ejecute su injustificable decisión de forma inmediata" invocando una norma europea que "no tiene efecto directo" en el ordenamiento español.

A juicio de las víctimas, "la celeridad en la ejecución de decisiones, cuanto menos controvertidas, supondrían un daño irreparable para la salud, dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo y de todos los ciudadanos".

Además, el abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Antonio Guerrero, espera que no sean excarcelados más etarras porque se les descuenten las penas cumplidas en Francia, ya que el 3 de diciembre entró en vigor la ley española que impone condiciones a la Decisión Marco de la UE que obliga a descontar del máximo de 30 años de prisión el tiempo cumplido en otros países de la UE.

En declaraciones a la Cadena Cope, Guerrero ha subrayado que la ley española que traspone la Decisión Marco europea establece que ésta no se aplicará a las condenas dictadas antes del 15 de agosto de 2010.

No obstante, Guerrero cree que este requisito incluido en la ley de trasposición sí debería impedir la excarcelación de otros terroristas que han pedido acogerse a la misma norma, aunque asume que éstos intentarán acogerse al "subterfugio" de que sus solicitudes son anteriores a la entrada en vigor de la ley.

Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado su preocupación por la discrepancia existente entre los jueces de la Audiencia Nacional sobre la rebaja de penas a presos históricos de ETA, que ha supuesto estas excarcelaciones, que no considera "acertadas".

"Estamos preocupados por la discrepancia de criterios, que nunca es bueno en un órgano judicial", ha dicho Torres-Dulce, quien ha explicado que por ese motivo la Fiscalía va a recurrir ante la sala segunda del Tribunal Supremo para "que resuelva la discrepancia".

Mientras, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo previamente que espera que la Fiscalía presente un recurso para suspender la excarcelación de los etarras. "Espero que la Fiscalía presente el recurso y solicite la suspensión cautelar si cabe", señaló Catalá en una rueda de prensa en Bruselas, donde asistía al consejo de ministros europeos de Justicia.

El ministro español expresó su confianza en que el resultado final no genere un descuento de las penas. Catalá explicó que España acaba de modificar su normativa para reconocer las sentencias de los tribunales de otros Estados miembros de la UE, pero recalcó que en ningún caso esto puede menoscabar el cumplimiento de condenas dictadas por tribunales españoles. "Tenemos un sistema legal que garantiza el cumplimiento de las penas en España, que garantiza también la armonización europea", agregó.