La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha abonado esta semana a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales más de 140 millones de euros en materia de dependencia, destinando, entre otras partidas, 71 millones a atención residencial, 23 millones a ayuda a domicilio, 27 a prestaciones económicas o 10,3 millones al refuerzo de los profesionales de los servicios sociales comunitarios.

"Este firme compromiso de la Junta de Andalucía con la atención a la dependencia se contrarresta con el retraso en el abono de la mensualidad correspondiente al mes de septiembre del Gobierno central, de 20 millones de euros y no de 30 millones, como señala la secretaria general del Partido Popular andaluz, Dolores López", ha aclarado.

Así replica el departamento de María Jesús Sánchez Rubio a las Dolores López, que este jueves ha anunciado que su formación va a presentar una proposición no de Ley en el Parlamento de Andalucía "exigiendo que la Junta pague a empresas, ayuntamientos y diputaciones todo lo que se adeuda en materia social y de Dependencia", instando al Gobierno andaluz a que, "si no es capaz de cumplir con sus competencias", las "transfiera a los ayuntamientos o las devuelva al Gobierno central".

Sin embargo, según la Consejería, la aportación económica del Gobierno central a la atención a la dependencia se va reduciendo de manera progresiva año tras año. "Por ejemplo, en 2011 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinó a Andalucía 357 millones de euros, en 2012 bajó hasta los 334 millones, en 2013 sólo alcanzó los 273 millones y para este año 2014 destinará únicamente 252 millones de euros", detallado.

Con estos datos, Andalucía "soporta" el 72 por ciento de la financiación del sistema de atención a la dependencia, mientras que la aportación del Estado "se restringe" al 28 por ciento, cuando lo que se acordó con la entrada en vigor de la ley fue que la financiación se hiciera a partes iguales entre las dos administraciones. "Se estima que a finales de 2014, la Junta de Andalucía habrá financiado el 80 por ciento y el Estado el 20 por ciento", ha lamentado el departamento de Sánchez Rubio, al tiempo que aclara que esto supone que desde 2007 la comunidad haya destinado 8.000 millones a la Ley de la Dependencia desde su entrada en vigor.

Por otra parte, el Gobierno Andaluz destina "casi lo mismo" a dependencia que el Gobierno de la Nación a todo el país. En 2014, Andalucía destina en su presupuesto 1.115 millones de euros para la atención a la dependencia —alrededor de 3 millones de euros diarios—, "prácticamente lo mismo que el Gobierno dedica a toda España, que son 1.200 millones".

Además, ha criticado que el Gobierno central "mantiene los recortes" para el Sistema de Atención a la Dependencia en 2015. Incluyendo lo presupuestado para el año próximo, "serán 400 millones de euros menos que Andalucía ha dejado de recibir desde que gobierna el PP en España, provocando la asfixia económica del sistema".

"Es imprescindible para la sostenibilidad del sistema que el Gobierno de España participe en su financiación en los términos previstos por la ley y contribuya a preservarla, ya que ninguna Comunidad Autónoma podrá sostener permanentemente en solitario esta red de protección social que es tan necesaria y valorada por la ciudadanía", ha advertido.

Andalucía, como lo viene siendo desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en 2006, es la comunidad "líder" en la aplicación de la dependencia. A 30 de octubre, cuenta con 159.284 personas beneficiarias que disfrutan de 214.921 prestaciones, por lo que mantiene un mes más casi el 22 por ciento del total nacional de personas en situación de dependencia, estando casi cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional.

"Ante la derogación encubierta de la Ley de Dependencia que viene aplicando el Gobierno central, la Junta de Andalucía viene reclamando un acuerdo nacional para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las personas en situación de Dependencia, en el que participen todos los grupos del Congreso de los Diputados y los agentes sociales", ha reclamado.