La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha mostrado la preocupación de la Comunidad por los límites que se establecen al vacuno de leche en los reales decretos de aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) en 2015, que además excluyen a las entidades asociativas a la hora de beneficiarse de ayudas.

La consejera se ha expresado así tras asistir al Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios y a la Conferencia Sectorial Extraordinaria de Agricultura y Desarrollo Rural, que se ha celebrado este jueves en el Ministerio del ramo.

Tras la reunión, Clemente ha explicado que tras el análisis de los reales decretos que se ha realizado tras su recepción hace dos días se ha expresado la preocupación sobre las ayudas asociadas, que se distribuyen en diferentes "sobres" que atienden a las distintas cabañas como el vacuno de leche, ovino, cebo o vacas nodrizas, una "excesiva territorialización" para la ganadería que considera que debería de ser "más simple".

Sin embargo, lo que "más preocupa" es lo que se refiere al vacuno de leche, donde se establece un límite de 75 vacas para cobrar el cien por cien de la ayuda, ya que desde ahí se percibiría sólo el 50 por ciento, pero además no se contempla a las entidades asociativas (sociedades agrarias transformadoras, sociedades civiles o comunidades de bienes, por ejemplo).

En el caso de Castilla y León, esto supone un "perjuicio importante", ha señalado la consejera, ya que hay explotaciones más grandes en un sector que ha realizado una "gran inversión" en modernización, lo que ha dado lugar a que las explotaciones estén "muy bien dimensionadas" y tengan "buen tamaño", algo que se ha incentivado, al igual que las entidades asociativas, a las que se penaliza.

A este respecto, ha señalado que en la Comunidad el 30 por ciento de las explotaciones ganaderas tienen carácter asociativo, ya que se ha "animado" a constituir estas entidades a hermanos o familiares, por ejemplo.

Por ello, ha propuesto que no se establezca límite en el número de cabezas o, si se mantiene esta cuestión, cuando varias personas sean titulares de las entidades asociativas se tenga en cuenta el límite de 75 para cada una de ellas. "El objetivo es que no haya límite y las entidades asociativas se contemplen igual que las personas físicas", ha insistido.

Regiones agrarias

Por otra parte, por lo que se refiere a la comarcalización, que supondrá un incremento de las regiones agrarias a en torno a 50, algo que también responde a una recomendación de la Comisión Europea, la única preocupación es que no haya trasvases de unos sectores a otros como del regadío intensivo al secano, lo que penalizaría a explotaciones que han llevado a cabo modernizaciones y en muchos casos afectan a jóvenes.

En cuanto a la definición de 'Agricultor Activo', la consejera ha recordado que se ha pedido mantener su definición y computar los ingresos agrarios en un 20 por ciento, tras lo que ha afirmado que hay "más tranquilidad" después de que el Ministerio haya expresado el "firme propósito" de mantener la definición y sólo incorporar lo que ha pedido la Comisión Europea que permite con carácter excepcional no tener que exigir ingresos si se acredita que se mantiene la explotación en "buenas condiciones", algo que habrá que hacer de manera "fidedigna".

La consejera ha insistido en que se trata de algo excepcional para que en casos en los que se acredite que hay buenas condiciones aunque no haya rendimiento no se excluya de las ayudas. A este respecto, Silvia Clemente ha reclamado que se haga un "exhaustivo" listado de los requisitos y que quien lo acredite demuestre que hace un esfuerzo y mantiene las buenas condiciones de la explotación.

En cuanto a la acreditación de que el 20 por ciento de las rentas proceden de la actividad agraria, la consejera ha mostrado su satisfacción porque es la primera vez que se hará en España y ello ha permitido que haya 30.000 solicitudes menos en España, 5.000 en Castilla y León, de titulares que saben que no van a percibir ayudas, lo que supone que había este número de personas que no eran agricultores a título principal.