Los dieciséis activistas de Greenpeace y el fotoperiodisa independiente juzgados desde este jueves en Valencia por una acción de protesta en la central nuclear de Cofrentes en 2011 han declarado que actuaron de forma "individual" y que no siguieron instrucciones ni órdenes de ninguna organización.

Los acusados se enfrentan a dos años y ocho meses de prisión, y multas e indemnizaciones por 360.000 euros, acusados de varios delitos de desórdenes públicos, lesiones y daños. La acusación la ejercen el Ministerio Fiscal, Iberdrola como empresa propietaria de la central nuclear y los guardias jurados del recinto presentes el 15 de febrero de 2011 en las instalaciones.

Aquel día tuvo lugar la acción, que finalizó con una pintada en una de las torres de refrigeración con el lema "Peligro nuclear". Los acusados han coincidido en que acudieron al lugar convocados por un mensaje de texto (SMS) en sus teléfonos móviles a una protesta contra la energía nuclear, y no por el llamamiento de una organización en concreto.

Han asegurado también que no encontraron ningún impedimento para acceder a las instalaciones, que entraron por los agujeros que había en las vallas, que decidieron hacer la acción de protesta por iniciativa propia y que su actuación fue fruto de la improvisación y no de un plan predeterminado.

El director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, ha dicho en rueda de prensa a bordo del Arctic Sunrise, junto a la responsable de la campaña antinuclear de esta organización, Raquel Montón, y una de las activistas acusadas, Maite Mompó, que la organización considera "desproporcionada" la petición de pena para los acusados.

"Nos enfrentamos al juicio más duro de la historia de Greenpeace", ha lamentado Rodríguez, quien ha añadido que su organización "no elude" la Justicia pero considera que ésta tiene que ser "proporcionada y también las peticiones". El director de la organización ha recordado además que Greenpeace lleva 30 años de activismo pacífico en España defendiendo el medio ambiente, "un derecho y un deber consagrado por la Constitución en su artículo 45".

Fuentes de Iberdrola señalan que el juicio por "intrusión y asalto" a la central nuclear por los activistas "no tiene por objeto un debate medioambiental, sino unos hechos graves constitutivos de varios delitos por desórdenes públicos, lesiones y daños". "La intrusión", añade la compañía eléctrica, "conllevó además de importantes daños materiales, lesiones físicas a dos vigilantes, uno de ellos con herida abierta por corte con equipo rotativo en el abdomen y la declaración además de Alerta de Emergencia en el emplazamiento, un hecho excepcional".

La organización ecologista podría tener que afrontar un pago de 357.371 euros como responsable civil subsidiaria. "Creemos que hay un afán intimidatorio, de amedrentar a la ciudadanía más movilizada", ha denunciado Rodríguez, y ha insistido en que "Greenpeace no le van a parar con amenazas de cárcel o multas millonarias".

El barco Artic Sunrise, símbolo del activismo pacífico, anclado en el muelle sur del puerto de Valencia para mostrar su apoyo a los 17 encausados, permanecerá en la zona hasta que finalice el juicio.