Las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir se han "corresponsabilizado" este miércoles del proceso participativo del 9-N y han calificado como una "ofensa a la dignidad nacional" la querella de la Fiscalía contra el presidente catalán, Artur Mas, y dos conselleras por organizar la consulta alternativa.

En una conferencia de prensa en el Parlament, el coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, ha presentado un manifiesto suscrito por las entidades del ámbito político, cultural, social, deportivo, sindical, patronal y municipal que forman parte de esta plataforma. Algunas de las entidades sugirieron "autoinculparse" ante la Fiscalía por el 9-N, pero finalmente se ha dejado esta opción a título "individual" y, en el manifiesto, se ha optado por hablar de "corresponsabilidad".

El manifiesto contiene cinco puntos, en los que las entidades promotoras del Pacto se declaran "corresponsables", porque apelaron a los catalanes a participar en el 9-N. También reiteran que se han comprometido a trabajar para que el pueblo catalán pueda decidir su futuro político e institucional y subrayan que, como Cataluña es una "nación", es "de justicia reclamar y exigir nuestro derecho a decidir".

Asimismo, el manifiesto subraya que el Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la declaración de soberanía del Parlament, abogó por resolver el problema a través del diálogo. Sin embargo, las entidades constatan que la actitud de diálogo por parte del Gobierno central "ha sido siempre negativa" y que la querella de la Fiscalía "puede dar pie a la suspicacia de motivaciones de orden político".

En el último punto del documento, las entidades expresan que "ofende" su "dignidad nacional" que la Fiscalía se querelle contra el presidente de la Generalitat, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por organizar el 9-N cuando estaba suspendido por el Tribunal Constitucional.

El Parlament ya aprobó una moción de autoinculpación a mediados de noviembre como respuesta al anuncio de querella de la Fiscalía, que el martes incluyó en la denuncia la carta que los portavoces de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP enviaron a Eduardo Torres-Dulce, el 20 de noviembre, en la que recordaban que la Cámata asume todas las responsabilidades que se puedan derivar del proceso participativo, y admitían ser "los mandantes y coautores de las acciones que se imputen a los miembros del Govern derivadas de la organización y ejecución" del 9-N.