El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo estudia emprender acciones legales y penales —si se derivara del caso—, contra funcionarios y autoridades políticas que han intervenido en los expedientes de prospecciones de Canarias, Baleares, Valencia y Málaga.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, ha dicho que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma contarán con "apoyo externo" para entablar estas acciones, en base al artículo 9.2 de la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad a los poderes públicos, y el propio Código Penal.

Rivero ha insistido en que "el trato" del Gobierno central a los expedientes de Canarias es de "rotunda y contundente arbitrariedad" en comparación con otros territorios de España, poniendo como ejemplo el informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que desaconseja las prospecciones en el Golfo de Valencia.