ARCA considera ilegal la ampliación del Puerto del Molinar ya que no cuenta con un Plan Director de Infraestructuras

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos (ARCA) ha denunciado que la ampliación del Puerto del Molinar sería una ilegalidad ya que no está contemplada en ningún plan director de infraestructuras y, ante ello, ha pedido que se conserven las dimensiones y se rehabilite el edificio y el puerto.

La Asociación para la Revitalización de Centros Antiguos (ARCA) ha denunciado que la ampliación del Puerto del Molinar sería una ilegalidad ya que no está contemplada en ningún plan director de infraestructuras y, ante ello, ha pedido que se conserven las dimensiones y se rehabilite el edificio y el puerto.

La Asociación ha recordado que la normativa estatal de puertos obliga a que cualquier ampliación de un puerto que suponga una modificación significativa de sus límites exteriores del lado del mar esté contemplada en el Plan Director de Infraestructuras, una circunstancia que no se da en este caso.

ARCA ha añadido que el Plan de Usos de Espacios Portuarios de 2005 no prevé la ampliación del Puerto del Molinar por lo que tampoco da cobertura a este proyecto, que "desfiguraría todo El Molinar".

"Es evidente que la desproporcionada ampliación propuesta por el Club Marítimo Molinar de Llevant, que en realidad es un nuevo club náutico, multiplicando por más de cuatro las dimensiones de mar y espacio ocupado y haciendo salir un dique hasta 235 metros de la costa, es una alteración tan sustancial que de ninguna manera se puede considerar ni una reforma ni una mejora, sino una ampliación enorme y un nuevo puerto", ha argumentado ARCA en un comunicado, al considerar además que este proyecto no quedaría cubierto legalmente y "debe rechazarse directamente".

Asimismo, la entidad pone en duda que las competencias sobre este puerto sean estatales ya que no es un puerto de interés general para el transporte de mercancías ni para tránsito marítimo. Así, consideran que el hecho de que esté administrativamente asignado al Estado es "anacrónico e injustificado" y que las competencias deberían recaer sobre la administración autonómica y local.

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