Compromís cree que Rajoy "debería tomar cartas en el asunto" del caso Taroncher y EUPV pide la dimisión de Castellano

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha destacado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debería tomar cartas en el asunto" del caso Taroncher, mientras que el diputado de EUPV Lluís Torró ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano.

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha destacado este martes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debería tomar cartas en el asunto" del caso Taroncher, mientras que el diputado de EUPV Lluís Torró ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano.

Así se han expresado en sendos comunicados después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado la reapertura de las actuaciones del caso Taroncher y la admisión a trámite de la querella interpuesta por la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana contra el exconseller de la Generalitat y actual delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, en relación a contrataciones supuestamente irregulares en su etapa al frente de las carteras de Sanidad y Gobernación.

Oltra ha destacado que "la Audiencia dice que podemos estar ante delitos de prevaricación y malversación cometidos presuntamente por el delegado del gobierno en nuestro territorio", por lo tanto "afecta directamente al gobierno de España y en consecuencia el presidente del gobierno Mariano Rajoy debería tomar cartas en este asunto".

"La corrupción en el PP es como una mancha de aceite que se extiende por encima de todo el partido y Rajoy actúa como si la cosa no fuera con él", ha manifestado la diputada de Compromís, quien ha añadido que el caso de Castellano "no afecta sólo al PP de la Comunitat Valenciana, afecta directamente al delegado del gobierno que Rajoy ha nombrado, quien presuntamente ha realizado un fraccionamiento de contratos para favorecer un amigo".

Para Oltra, "aquí lo que se impone es que el gobierno de España tome medidas porque tienen que contestar si quieren tener un delegado del gobierno que está salpicado por la corrupción y que va a ser investigado por la justicia".

Asimismo, Lluís Torró ha considerado que el delegado del Gobierno, Serafin Castellano, tendría que "dimitir inmediatamente" porque "la Audiencia de Valencia dice que hay que investigar sus adjudicaciones a su amigo íntimo, José Miguel Pérez Taroncher".

"Ante las evidencias tan grandes como son las relaciones íntimas entre las dos familias y que las empresas de Taroncher se han lucrado haciendo negocios directamente con las consejerías por las que ha ido pasando Serafín Castellano, era evidente que todas las excusas que hasta ahora se habían dado para no salir adelante esa querella eran excusas de mal pagador porque la evidencia es muy clara y la propia justicia tiene que investigar estos hechos", ha denunciado Torró.

A su juicio, "resulta muy significativo que la Audiencia de Valencia critique la opacidad del Consell, que se ha negado a responder a parte de nuestras preguntas y solicitudes de documentación". Torró también se ha preguntado "qué hubiera pasado si el Consell hubiera respondido diligentemente a las nuestras solicitudes".

"Seguramente todo hubiera ido mucho más rápido y de hecho no entendemos porque el propio Castellano no ha aclarado la situación, prolongando unos hechos que manchan la imagen del Consell y de la Delegación del Gobierno", ha destacado el diputado de izquierdas quien también se pregunta qué pasará si imputan a Castellano, que hoy en día es el máximo representante del Gobierno de Mariano Rajoy en el País Valenciano.

"íntima amistad"

Por su parte, el portavoz del grupo socialista en las Corts, Antonio Torres, ha resaltado que "no era entendible es que a pesar de la íntima amistad entre ambos y después de las numerosas adjudicaciones que el empresario ha obtenido de todas las consellerias por las que ha pasado Serafín Castellano, ni siquiera los tribunales investigaran si las adjudicaciones fueron legales o hubo un favoritismo claro".

De esta forma, Torres se ha mostrado "satisfecho" porque "lo que debe de hacer la justicia es investigar si las adjudicaciones no incumplieron los criterios establecidos por ley" y ha remarcado que "una vez más queda en evidencia que en la Comunitat la sombra de la corrupción se extiende a todas las consellerias y a todas las instituciones".

"No nos extraña la reapertura de este caso cuando hay evidencias más que probadas de que pudo haber adjudicación irregular por parte del que hasta hace poco fue número dos del PPCV hacia su amigo íntimo", ha reiterado.

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