La Sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la causa conocida como 'trama agraria', cuyo sobreseimiento provisional había decretado hace más de un año el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago al no apreciar delito de fraude.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto, contra el archivo provisional, por la Xunta de Galicia y el Partido Popular, que fue el que denunció en 2010 que había 30 personas implicadas en un supuesta trama, con el sindicado Unións Agrarias (UU.AA.) a la cabeza, para captar fondos de la Administración autonómica entre 2006 y 2008 —en la época del bipartito—.

Los populares, entonces a través de su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, cifraron que las ayudas para 160 contratos habían alcanzado los 1,89 millones de euros.

Al igual que se había apreciado en el juzgado de instrucción de Santiago, el auto de la Audiencia Provincial constata "indicios" de que existían "discrepancias entre las actividades subvencionadas y las que en realidad llevaron a cabo las personas las personas contratadas", pero advierte de que "no cabe estimar (...) que estas irregularidades puedan considerarse punibles" por el código penal.

El auto señala que la comprobación administrativa del uso de los fondos "no fue exhaustiva y puede ser ampliada o agotada, pero en absoluto —añade— es apreciable que haya sido superficial o meramente formal".

Asimismo, apunta que "debe entenderse que se está ante irregularidades que, sin perjuicio de su posible relevancia administrativa como causa de reintegro o como infracción, no constituyen una quiebra esencial de la finalidad de la subvención", es decir, no reúne los requisitos para que la actuación sea abordada desde el punto de vista penal.

Infracción "grave"

Por otro lado, y dando por "descartada" la posible punibilidad como estafa, toda vez que el dinero fue destinado a pagar la nómina y la seguridad social del contrato subvencionado (formalizado por Unión de Viticultores do Castro y la considerada "agente electoral"), el auto recoge que "sí existen indicios de que la conducta, de alcanzar la cuantía, pudiera constituir un fraude de subvenciones penalmente punible".

De hecho, añade que "es evidente que la actuación de la testigo durante unos meses como agente electoral en el extranjero, indiciariamente resultante de las manifestaciones de la testigo (...) supone una desviación grave de la finalidad de la subvención" que, a priori, "excedería la irregularidad administrativa". Con todo, matiza que "no se cumpliría la condición objetiva de punibilidad dada la cuantía subvencionada".

En cuanto al supuesto aprovechamiento ilegal de Unións Agrarias (UU.AA.), el auto de la Audiencia Provincial concreta que "lo relevante penalmente" sería que se desviasen fondos y no se aplicasen al destino —el pago de nóminas y cuotas sociales—, pero "no hay indicios de que ocurriera".

Asimismo, considera "evidente" que "no puede disociarse" que UU.AA. "anticipó las cantidades" para que se fuesen pagando a los trabajadores las nóminas de las personas empleadas a través de las asociaciones vinculadas —"dada la fragilidad económica de éstas"—, ya que "vencían antes de la llegada de los fondos desde la Administración".

Al respecto, la sala de la Audiencia Provincial concluye que, si en virtud de esta mecánica, el sindicato percibía los intereses que podía generar el importe percibido, esta situación "atañe a las relaciones" entre el sindicato y las asociaciones, puesto que "no consta" que estos intereses tuviesen que tener una aplicación específica.