La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a requerimiento del Ayuntamiento de Málaga, ha instado al Consistorio de Torremolinos, ambos gobernados por el PP, a cumplir la sentencia que le obliga a saldar la deuda de 16,8 millones que mantiene con la capital por los servicios prestados durante la fase de la segregación de la antigua barriada en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990.

Así se recoge en una sentencia dictada en Málaga y declarada firme por el Tribunal Supremo (TS), que, sin embargo, aún no ha sido ejecutada. El pasado 24 de octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA rechazó la suspensión de la ejecución de este fallo que había solicitado el Ayuntamiento torremolinense —providencia notificada al de la capital el 30 de ese mes—.

Ante esto, el Ayuntamiento de Málaga solicitó al alto tribunal andaluz el 6 de noviembre que acordara requerir al de Torremolinos "el abono de 16.823.528,57 euros, sin perjuicio de la posterior liquidación de intereses, una vez sea abonada la referida cantidad, y todo ello con los debidos apercibimientos legales", han señalado a Europa Press fuentes del Consistorio de la capital.

Tras esta solicitud de la Administración dirigida por Francisco de la Torre, ésta recibió el 18 de noviembre la correspondiente diligencia, en la que "se requiere al Ayuntamiento de Torremolinos, a través de su representación procesal, que en el plazo de 20 días informe a esta sala de las actuaciones practicadas en orden al cumplimiento del fallo de la sentencia, si se han iniciado y en el caso de que no haya sido así, las causas de su incumplimiento".

Se establece, incluso, que "debe aportar forma o plan de pagos y fecha de inicio del mismo, con apercibimiento de que se procederá conforme a Derecho una vez pasado el plazo y no cumplido requerimiento".

La diligencia judicial recuerda que puede interponerse recurso de reposición dentro del plazo de cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución impugnada.

Resolución de 2007

El TSJA condenó en 2007 al Consistorio de Torremolinos a satisfacer al de Málaga la citada deuda —9,83 millones de euros más los intereses legales devengados desde 1997—, una sentencia que fue ratificada un año después por el Supremo.

En esta larga historia de dimes y diretes, De la Torre concedió en mayo de 2012 a su homólogo de Torremolinos y compañero del PP, Pedro Fernández Montes, un plazo de 60 días para abonar los 16,2 millones de euros que en aquel momento representaban la deuda o para negociar un plan de pago.

Al cumplirse el ultimátum sin haber obtenido respuesta, se solicitó al TSJA la ejecución de la sentencia, tras lo que el Consistorio torremolinense presentó un recurso extraordinario de revisión para partir de cero y reclamar a la capital el dinero que, en su opinión, le adeudaba.

De hecho, la Administración dirigida por Fernández Montes argumentaba en ese recurso, desestimado por el TSJA, que quien debía era la capital, aludiendo a cuestiones como que los ingresos que aportó antes de su segregación eran superiores a lo que Málaga gastaba en la barriada o que el coste del agua que suministraba a la ciudad era mayor que la deuda a la que se hacía referencia, algo rechazado siempre por De la Torre y contestado por los servicios jurídicos municipales.

Fernández Montes llegó, incluso, a recurrir al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para que interviniera en este conflicto.