La Fiscalía del Principado de Asturias solicita penas de prisión, multas y el pago de una indemnización de 70.000 euros para cinco acusados de forzar a ponerse en huelga a un trabajador de la factoría de Veriña (Gijón) de ArcelorMittal en marzo de 2012. La vista oral se celebrará este martes, 2 de diciembre de 2014, en el Juzgado de lo Penal número uno de Gijón, a las 10.00 horas.

El Ministerio Público sostiene que los acusados, el 29 de marzo de 2012, día en el que estaba convocada una huelga general, en la factoría de Veriña-Gijón de la empresa Arcelor Mittal, al tener conocimiento que el trabajador XXX, de 62 años, estaba trabajando, puestos de común acuerdo y con la intención de obligarle a que abandonara su puesto de trabajo y secundara la huelga, irrumpieron en su despacho en actitud violenta y comenzaron a increparle por haberse incorporado al trabajo, hostigándole reiteradamente para que se marchara de la oficina.

Como XXX se negó a ello, indicando a los acusados que no iba a participar en la huelga porque no estaba de acuerdo con las motivaciones de la misma, el acusado AAA se abalanzó contra él con la intención de golpearle. No obstante, los acusados BBB y CCC, le sujetaron, impidiéndoselo. Inmediatamente después, los acusados AAA y BBB advirtieron al trabajador de que "si no salía por las buenas lo haría por las malas".

Los acusados abandonaron a continuación el despacho, no sin antes lanzar (AAA y BBB) dos petardos de gran intensidad (de los que iba provisto el grupo de acusados para obtener sus objetivos), hacia el lugar en que se encontraba XXX, cerrando acto seguido la puerta para que no pudiera escapar.

Como consecuencia de esto se provocó un gran estruendo y humareda, saltando las alarmas de incendios y obligando a XXX a salir del despacho en estado de aturdimiento, sufriendo pérdida durante unos minutos de audición y un cuadro de gran ansiedad, que determinó que fuera atendido por los servicios médicos de la empresa. Tras una primera asistencia para recuperar su audición, y debido a su estado emocional y situación en que quedó su oficina, no pudo continuar la jornada laboral, tal y como tenía previsto.

Debido a estos hechos, XXX ha sufrido un trastorno depresivo reactivo grave que le ha impedido ejercer sus ocupaciones habituales y que ha requerido de tratamiento médico psiquiátrico continuado e incluso ingresos en el hospital de Jove. El trastorno se ha cronificado, sin perspectivas de mejoría.

La Fiscalía considera que los cinco acusados son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y que los acusados AAA y BBB lo son, además, de una falta de lesiones. Y solicita que se condene a los acusados AAA y BBB a dos años y cuatro meses de prisión y el pago de multas por valor de 10.800 euros (con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago) y a cada uno de los tres acusados a dos años de prisión y el pago de multas por 8.100 euros (con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago).

Además, el Ministerio Fiscal solicita que los cinco acusados indemnicen a XXX con 70.000 euros por el trastorno depresivo sufrido y se hagan cargo de las costas procesales y que los acusados AAA y BBB le abonen, además, 60 euros por la lesión causada.