La polémica y la sospecha parecen que no van a desaparecer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras la renuncia de Mercé Pigem, sorprendida en la frontera con Andorra con 9.500 euros en metálico, su previsible sustituto será Antonio María Álvarez-Buylla que está imputado en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de falsedad documental en grado de tentativa, tal y como avanzaba anoche eldiario.es.

Álvarez-Buylla, candidato propuesto por el PP y respaldado en su momento en el Senado para ser suplemente del órgano judicial, es decano del Colegio de Procuradores de Madrid.

El pasado abril la Audiencia Provincial de Madrid decidió reabrir la causa contra el citado jurista y su secretario, Ramiro Reynolds Martínez, al considerar que pudieron incurrir en un delito de falsedad documental en grado de tentativa. Este delito se habría producido cuando se aprobó el estatuto de la asociación, que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en febrero de 2013, al considerar que se había aprobado sin atenderse a la legalidad porque, una vez acordado en asamblea, no fue ratificado por el Consejo General de Procuradores de España.

La Asociación para la Defensa del Procurador presentó una querella por tentativa de falsedad contra el decano y el secretario del colegio, pero el 20 de julio de 2013 el juzgado de instrucción número 30 de Madrid la archivó, decisión que recurrió la organización ante la Audiencia de Madrid.

La Audiencia estimó el recurso en un auto del 20 de marzo, en el que se consideraba que debía continuar la investigación con las diligencias que había interesado la asociación en su querella y entre las que destacaba "la declaración de los querellados en calidad de imputados".

El auto explica que los querellados remitieron a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid un texto con el Estatuto del Colegio, aprobado en la Junta General Extraordinaria que se celebró el 15 de julio de 2010.

La Asociación para la Defensa del Procurador sostiene que en el texto se incluyó un párrafo que no había sido acordado en la asamblea y que decía: "Deberá responder al principio de capacidad económica y se devengará en cada procedimiento e instancia en que intervenga el profesional".

El secretario de la asociación, Enrique Herrera Aguilar, explicó a la Agencia EFE, en aquel momento, que dicho artículo cambiaba la forma en la que se regula la financiación de la entidad colegial al establecer que los procuradores deben pagar "cuotas variables" dependiendo de lo que ganan, de forma que "hay procuradores que tienen que pagar hasta 2.000 euros al mes".