Ceuta extremará el control fiscal del negocio transfronterizo de la ropa por "lealtad" tanto a España como a Marruecos

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) abrirá durante la próxima semana en el Puerto local una oficina específica con personal del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST) y la Policía Local para, en colaboración con Aduanas y la Agencia Tributaria, "extremar" los controles fiscales sobre los fardos de ropa que pasan por la ciudad autónoma con destino a Marruecos.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) abrirá durante la próxima semana en el Puerto local una oficina específica con personal del Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST) y la Policía Local para, en colaboración con Aduanas y la Agencia Tributaria, "extremar" los controles fiscales sobre los fardos de ropa que pasan por la ciudad autónoma con destino a Marruecos.

Según ha adelantado en declaraciones a los medios el consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, el objetivo de la Administración local es combatir el fraude que se presume que practican algunos empresarios radicados en los polígonos del Tarajal.

El Ejecutivo ceutí entiende que aunque la Ciudad Autónoma tiene garantizados por Ley desde el Estado los ingresos en concepto de IPSI Importación, el tipo de imposición indirecta local que sustituye al IVA, "debemos ser leales al resto de España, defender a los empresarios que operan de forma reglada y contribuir a aliviar la preocupación del país vecino por su industria textil, que también puede verse perjudicada por prácticas no ajustadas a derecho.

Las autoridades calculan que a Ceuta llegan cada año al menos 10.000 toneladas de ropa que, una vez alojadas en las naves del Tarajal, son transportadas sin ningún control aduanero a Marruecos por los miles de porteadores del Reino alauita que sobreviven con ese trabajo. Las Fuerzas de Seguridad han interceptado camiones cuyo valor se había declarado en menos de 10.000 euros cuando realmente era diez veces superior.

A primeros de año la Administración General del Estado calculó que la defraudación del sector, en su mayoría en manos de empresarios chinos "que ni generan empleo ni siquiera residen en Ceuta" a las arcas municipales podía superar los 8 millones de euros anuales.

En paralelo, el Gobierno de Ceuta buscará "fórmulas de cooperación" con la Confederación de Empresarios (CECE) para "mejorar la ordenación del comercio en el entorno fronterizo y evitar las disfunciones que, en forma de avalanchas y colapsos, acaban repercutiendo sobre toda la ciudad".

El Ejecutivo ceutí considera que "no es justo" que la imagen de la ciudad "se reduzca muchas veces a una mujer anciana cargada con bulto de más de 50 kilogramos sobre su espalda" y está dispuesto a que la Policía Local, "en colaboración con quien corresponda", persiga las violaciones de "los derechos de los trabajadores" que se cometan en el marco del denominado comercio 'atípico' transfronterizo.

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