Los dos directivos de ADIF que fueron encarcelados por la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación 'Enredadera' donde investiga el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos han salido en libertad después de pagar una fianza total entre ambos de 340.000 euros.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Antonio Rodríguez Jurado, exgerente de ADIF en Sevilla a quien la juez atribuye haber cobrado 428.000 euros en 'mordidas', ha abandonado la prisión tras pagar la fianza de 90.000 euros que le impuso la magistrada para poder eludir la prisión provisional.

De su lado, Enrique José Finch Ramos, directivo de ADIF Córdoba a quien la juez acusa de haber cobrado en comisiones 1.004.624 euros entre los años 2003 y 2012, también ha salido de prisión tras pagar la fianza de 250.000 euros impuesta por Alaya.

De este modo, ya sólo queda en prisión por su implicación en la operación 'Enredadera', que se saldó con 32 personas detenidas, el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, quien el pasado día 11 ingresó en prisión eludible con el pago de una fianza de 180.000 euros.

Hay que recordar que el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación Provincial de Sevilla Carlos Podio salió en libertad al día siguiente de ser encarcelado tras pagar una fianza de 100.000 euros que le impuso la instructora gracias a las aportaciones realizadas por familiares y amigos.

"organización criminal jerarquizada"

En el auto de prisión del exgerente de ADIF en Sevilla, la juez le atribuyó haber recibido entre 2002 y 2011 un total de 428.535 euros en "sobornos" a cambio de "beneficiar" a la empresa Fitonovo "en la adjudicación y/o ejecución de contratos públicos".

La juez considera que las "dádivas" constituían "práctica habitual de la empresa" Fitonovo, "realizándose las mismas de forma periódica o mensual a buena parte de los funcionarios públicos imputados, como en el caso de Rodríguez Jurado", señalando que esta práctica "para la consecución de contratos públicos se extendió durante un largo periodo temporal que abarcaría desde 1995 hasta 2013, y múltiples áreas geográficas y administraciones públicas".

"Todo ello ha podido producirse gracias a la existencia de una organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo, donde el inculpado contribuía a facilitar el beneficio" de esta empresa "durante un largo periodo de tiempo desde el año 2002 a 2011 a través de su intervención en la adjudicación de contratos menores y/o de ejecución de los mismos".

Adif se personará como parte perjudicada

De su lado, ADIF ya anunció que se personará en la operación 'Enredadera' como parte perjudicada "para pedir las responsabilidades que correspondan y conocer de cerca las acusaciones cuando el procedimiento lo permita", ya que el asunto se encuentra actualmente bajo secreto de sumario por orden de la juez Mercedes Alaya.

Asimismo, y respecto a los imputados en la causa que están vinculados a ADIF, ésta adoptará medidas cautelares de distinto tipo, en función y razón de las circunstancias de cada uno de ellos, a la espera de las decisiones judiciales al respecto de su situación.

Así, ADIF suspenderá temporalmente de empleo y sueldo a aquellos que sean enviados a prisión por la juez Alaya; a los imputados con cargo de libre designación se les remocionará cautelarmente a puestos técnicos, y al resto de implicados se les abrirá inicialmente un expediente informativo del que se irán derivando las consecuencias pertinentes en función de las decisiones judiciales y la evolución del caso.