La concejala de Personal de Estepona (Málaga), Pilar Fernández-Fígares, ha precisado este jueves que el Tribunal Supremo "en ningún caso declara la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE)" en el Consistorio "ni pone de manifiesto irregularidades o vulneración de derechos por parte del Ayuntamiento de Estepona en este procedimiento; de forma que el ERE sigue teniendo efectos respecto a la medida extintiva de la relación laboral".

Así lo ha indicado Fernández-Fígares, a través de un comunicado, tras tener conocimiento de la resolución dictada por el alto Tribunal sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) —llevado a cabo en 2012 y que afectó a 176 trabajadores—, en la que se declara la nulidad de las actuaciones en el juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La responsable de Personal ha recordado, además, que la Fiscalía del Tribunal Supremo remitió escrito a la Sala Cuarta de dicho tribunal "estimado improcedentes los recursos interpuestos por los sindicatos, en relación con el ERE". La citada resolución de la Fiscalía consideró en sus conclusiones que las pretendidas infracciones alegadas por los sindicatos —CCOO, UGT, ATAE y CSIF y el comité de empresa del Ayuntamiento— "no debían prosperar".

El motivo era que "despido colectivo no vulnera los derechos fundamentales ni libertades públicas, no incluyendo discriminación respecto del personal incluido en el mismo", según la Fiscalía, ha apuntado la edil, recordando que también señaló en el mismo escrito que "el Ayuntamiento entregó a la representación legal de los trabajadores, en el periodo de consultas, documentación suficiente, poniendo de manifiesto de forma detallada la situación económica y organizativa del Ayuntamiento".

La concejala ha recordado que "llevar a cabo despidos dentro de la plantilla ha sido la decisión más dolorosa para el equipo de gobierno y se abordó después de agotar y negociar con los sindicatos todas las vías posibles".

Asimismo, ha señalado que las causas objetivas que justificaron esta necesidad de reducir la plantilla fueron de naturaleza económica y organizativa. En concreto, "la necesidad de reducir en seis millones el gasto de personal procedente del cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria exigido por ley y que está permitiendo al Ayuntamiento hacer frente a sus obligaciones y a la prestación de más servicios e inversiones para la localidad".

"El excesivo peso de la plantilla —en torno al 90 por ciento sobre los ingresos— resultaba desde el punto de vista económico insostenible, como consecuencia de la existencia de 1.362 empleados, de los que una parte prestan servicios de forma indirecta", ha dicho y ha recordado que "hubo un largo proceso de negociación con los sindicatos y el equipo de gobierno estuvo abierto a todas las alternativas viables procedentes de los mismos; si bien, sus propuestas reales se quedaron muy lejos de este objetivo de reducir el gasto en seis millones de euros, planteando aspectos que eran inviables".

Ha apuntado que el equipo de gobierno, "pese a los planteamientos de los sindicatos de corregir el déficit presupuestarios con aumentos de impuestos, tuvo desde el primer momento el convencimiento y el compromiso firme de no subir los impuestos a los ciudadanos, porque las familias no pueden costear la mala gestión y el despilfarro ocasionado por la clase política durante años".

De esta forma, el único capítulo de gasto que se podía aminorar, ha indicado, tras el plan de austeridad puesto en marcha desde el primer día de gobierno, con un ahorro de 15 millones de euros, "era el de personal".

Fernández-Fígares ha indicado que el Ayuntamiento "se vio obligado a esta reducción de gasto para poder llevar a cabo el plan de pago a proveedores, que en el caso de la localidad, sumaba un total de 66 millones de euros, fruto de las facturas impagadas por el anterior equipo de gobierno, durante el periodo 2008-2011".

La lista de empleados que se vieron afectados por el ERE —solo personal laboral con acceso a la administración sin proceso selectivo— se confeccionó "según los criterios objetivos, sin que se vulneraran los derechos de los trabajadores". Tras la reducción de plantilla, la edil ha señalado los servicios "se siguen prestando con normalidad y la calidad de los mismos no se ha visto mermada".

El Pleno de la Sala de lo Social del TS ha comunicado en un comunicado que, al conocer el recurso interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del tribunal andaluz, ha resuelto acerca de la falta de aportación por alguna de las partes con cinco días de antelación al juicio de la prueba documental o pericial que por su volumen o complejidad sea conveniente posibilitar su examen previo en dicho momento, según la obligación que impone la ley procesal laboral.

Así, ha acordado anular las actuaciones y repetir el acto de juicio, por entender que "el incumplimiento de dicha obligación no puede suponer la pérdida definitiva (preclusión) de la posibilidad de practicar esa prueba, por no estar expresamente prevista en el precepto aplicado poder verse afectado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución".