El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha planteado este jueves la posibilidad de que los delitos de prevaricación sean castigados con "pena de prisión" y no sólo con inhabilitaciones, tal y como ocurre hasta ahora.

"Es una reflexión que dejo sobre la mesa", ha añadido, al ser preguntado por los periodistas sobre si cabría endurecer las penas por delitos de corrupción antes de pronunciar una conferencia en torno a este asunto.

Al respecto, ha opinado que "es probable" que haya que "ajustar las penas" de algunos delitos y se ha centrado en la prevaricación para cuestionarse si "es suficiente" la condena prevista actualmente o si "sería necesario imponer una pena de prisión".

Con todo, Carlos Varela ha abogado por poner en marcha medidas de "prevención", desde su convencimiento de que son "tan importantes" para combatir los comportamientos corruptos como "las medidas represivas".

Planes de prevención

Al hilo de ello, se ha mostrado partidario de planes de prevención de los riesgos de gestión que se pueden producir en las distintas administraciones públicas, así como de crear una entidad independiente que pueda "controlar" su funcionamiento.

Según su criterio, esa entidad tendría "un papel fundamental", pues no sólo podría hacer "sugestiones" sino que también podría "alertar" de comportamientos de riesgo para así proceder a su "neutralización".

Y, el papel de "agencia especializada en el combate de la corrupción", ha indicado en su conferencia, podría asumirlo en Galicia el Consello de Contas, que ha considerado "buen conocedor del mapa de riesgos" de la comunidad.

Combate de la corrupción

Para el fiscal, el combate de la corrupción política debe ser "una combinación de medidas" tanto preventivas como represivas, unidas a una mejora del sistema judicial para actuar contra la "criminalidad compleja".

En este sentido, ha señalado que "la criminalidad económica es rápida, informal, creativa y mutante" frente a un sistema penal que "es lento, formalista y burocrático". "Hay un desfase que es necesario vencer, bajo pena de impunidad total", ha advertido.

Dicho esto, ha profundizado en que se debe "implantar un nuevo modelo de investigación penal" con métodos de trabajo "multidisciplinares, rápidos y antiburocráticos" para una investigación "limitada en el tiempo". "La garantía judicial no puede transformarse en un obstáculo para la recogida de pruebas en tiempo útil", ha defendido.

El objetivo, como ha explicado a los periodistas el fiscal superior de Galicia, es que "no haya tanta distancia entre el momento en que se produce el hecho y el momento en que puede ser llevado a juicio".

También en este sentido ha reivindicado la importancia de las medidas de prevención, que permitirían detectar esos comportamientos "en el momento más próximo a cuando ocurren y no tres, cuatro o cinco años después".

Prevención y educación

A renglón seguido, quien ejerce como fiscal superior de Galicia desde el año 2004 ha lamentado que "la prevención y la educación" como ejes de la lucha contra la corrupción son "poco menos que inexistentes".

"El delito de corrupción depende de estructuras de oportunidad, de recursos, de bienes transaccionales; pero también de costes legales y morales, esto es, de la capacidad del sistema judicial para reprimir este tipo de ocurrencias y de las predisposiciones éticas de los individuos para violar la ley o para actuar contrariamente al interés público", ha dibujado.

De este modo, ha abundado en que "sin una conciencia colectiva éticamente comprometida, sin voluntad política y sin un sistema judicial capaz y resuelto, no puede haber un combate eficaz de la corrupción".

Problemas en españa

Finalmente, ha resumido los "problemas de fondo" de España en materia de combate de la corrupción política en la "mala calidad" del proceso legislativo, la "insuficiencia de resultados" en el ámbito de la represión y el "déficit" de especialización.

Junto con ello, Carlos Varela ha hablado de la "ineficacia" de los mecanismos de supervisión y control y la "mala definición y protección" del interés público en las inversiones de la administración.

En lo que atañe a la normativa, ha detallado que existen "alertas" sobre que el sistema de control establecido es "formal, burocrático y demasiado vulnerable a la manipulación documental", de modo que se requieren cambios legislativos para incrementar "la transparencia de los partidos y la contabilidad de las campañas".

Acerca de la especialización, ha lamentado que no existen a nivel autonómico organismos administrativos centrados en las prácticas corruptas, mientras las indicaciones del Consello de Contas, por ejemplo, no son de obligado cumplimiento.

Por último, ha señalado que no existe labor de prevención en la administración más allá de la suscripción de "códigos deontológicos genéricos" sin mecanismos que garanticen su "aplicación, seguimiento y control".