La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha indicado que la aprobación definitiva del Plan Especial del Litoral que promueve la administración autonómica, para cuyas alegaciones ya existe una propuesta de resolución, no se daría hasta la primavera del próximo ejercicio 2015.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo del acto de inauguración del X Congreso Internacional de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (Aedyr), Serrano ha recordado que su departamento ha tenido que analizar desde un punto de vista técnico y jurídico hasta 918 escritos con unas 4.000 aportaciones, muchas de ellas de gran calado.

De esta manera, existe ya una propuesta de resolución de dichas alegaciones que se llevará a la comisión de redacción del plan "en los próximos días". Una vez que este ente analice la propuesta de resolución, se pedirán los informes preceptivos y se seguirá con la tramitación para que en un plazo de seis meses el plan quede definitivamente aprobado.

El objetivo esencial del Plan del Litoral es evitar un desarrollo urbanístico al modo de la pasada 'burbuja' inmobiliaria, cuyos planteamientos aún están "latentes" en viejos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de algunos municipios.

A la Junta, según ya explicó la consejera, le "satisface" contar con un "alto interés" en relación a un decreto que "compatibilizará todos los usos y rentabilidades de la costa", donde, recordaba Serrano, hay 143.000 viviendas por construir que no quedarán afectadas. "El desarrollo es posible también en el litoral andaluz, pero no a cualquier precio ni a costa de cualquier territorio", añadía.

El pasado otoño, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) informaba favorablemente del Plan de Protección del Corredor Litoral, elaborado por la Junta para preservar del proceso urbanizador zonas litorales con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales. Este informe contó asimismo con el voto en contra de los representantes de la Confederación de Empresarios (CEA) y de los colegios de arquitectos, así como con la abstención de los dos representantes de las asociaciones ecologistas.