Un total de 13.373 mujeres presentaron denuncia por presunto malos tratos en Andalucía durante el primer semestre de 2014, de las que 1.686 renunciaron a la continuación del procedimiento, según ha precisado la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien ha señalado, como dato positivo, que el número de renuncias ha descendido un 1,40 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Crespo presidió un sencillo acto con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, donde la coordinadora de Violencia de Género en Sevilla, Julia Torres, leyó un manifiesto elaborado por la Delegación del Gobierno en el monumento conmemorativo que existe en el Parque de María Luisa, que incluye cipreses y flores, y donde acudieron principales representantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La delegada considera que "contra esta lacra social debemos combatir entre todos, amparados en los Cuerpos de Seguridad del Estado y concienciándonos en que tenemos que denunciar entre todos, para que se vean amparadas por la sociedad".

Crespo ha insistido en la necesidad de que las víctimas de violencia de género mantengan los procedimientos iniciados una vez que han interpuesto denuncia por malos tratos y ha aportado el dato de que entre las 13.373 denuncias presentadas en Andalucía durante el primer semestre del año se han producido 1.686 renuncias a la continuación del procedimiento. Ha señalado, como dato positivo, que el número de renuncias ha descendido un 1,40 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Crespo ha recordado que en lo que va de año han muerto por violencia de género 45 mujeres en España y 10 en Andalucía y que, entre estas últimas, solo dos habían presentado denuncia previa.

La delegada considera que "debemos tener una actitud activa y proactiva para que la sociedad denuncie, pues en los casos de violencia no solo están involucrados las mujeres que la sufren o sus familias, sino toda la sociedad debe estar involucrada, denunciando, para que se vean amparadas". Insiste en la necesidad de "evitar que renuncien a las denuncias, sintiéndose amparadas por las administraciones, la sociedad y el Estado de Derecho".

Según los datos que ha facilitado al término de la lectura del manifiesto, en Andalucía hay un total de 80.414 mujeres registradas en la red Viogen, el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, de los que 14.477 son casos de protección activos y cuentan con algún tipo de seguimiento o protección policial.

Entre las registradas en Viogen hay 243 menores de entre 14 y 17 años, de las que 123 tienen seguimiento activo.

Según ha manifestado Crespo, Andalucía está liderando el proceso de integración de las diferentes administraciones en la citada red informática. Además del acuerdo de adhesión firmado con la Junta de Andalucía, se trabaja para que el poder judicial tenga acceso al sistema y se está impulsando la integración de las policías locales. Hasta el momento se han firmado convenios con 72 ayuntamientos y se ultiman 45 adhesiones más, con lo que Andalucía se situará en cabeza de este proceso, con 115 municipios incorporados al Viogen.

"Andalucía es la primera comunidad de España que ha firmado implantar el Viogen en las administraciones locales", ha resaltado.

Jóvenes y menores

Crespo ha destacado, por otra parte, la importancia del Plan Director de Seguridad y Convivencia que coordina la Delegación del Gobierno en Andalucía para prevenir la violencia de género entre jóvenes y adolescentes, precisando que el 30 por ciento de las jóvenes españolas reconocen haber sufrido alguna forma de violencia de género.

Con dicho plan, que llega al 75 por ciento de los centros escolares andaluces, se contribuye a combatir, entre otras cosas, las nuevas formas de violencia machista que han surgido a través de las redes sociales.

El objetivo ahora, según ha explicado la delegada, es ampliar el material de estas charlas formativas a otras instituciones y entidades. Se han firmado acuerdos de colaboración con las diputaciones de Córdoba y Cádiz, y pronto se firmarán con otros colectivos de Andalucía, entre ellos las empresas, especialmente grandes empresas.

Nueva unidad policial

Finalmente, la delgada ha señalado la importancia de la nueva Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que anunció el ministro del Interior, que supone un hito muy destacable en la respuesta policial de carácter especializado.

Considera que la coordinación y centralización de las actuaciones en materia de violencia de género por parte de las nuevas Unidades de Familia y Mujer, cuyas funciones y cometidos hasta el momento eran desarrollados por los Servicios de Atención a la Familia (SAF), en el ámbito de la Policía Judicial, y por las Unidades de Prevención y Asistencia y Protección (UPAP), en el ámbito de la seguridad ciudadana, supondrá una mejora en la intervención de los servicios policiales implicados, aumentando su eficacia y su calidad.

Al mismo tiempo, se crea la figura del Coordinador Nacional de Seguimiento y Control de la Violencia Doméstica, de Género y Sexual, que unifica la dirección de las actividades contra esta lacra y permitirá un tratamiento policial integral.

El manifiesto

En el manifiesto se apunta que "es imprescindible continuar con la unidad de todas las fuerzas políticas, potenciar al máximo el trabajo conjunto de administraciones públicas, Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, medios de comunicación, profesionales de todos los ámbitos, asociaciones especializadas y sociedad civil en el compromiso por una sociedad libre de cualquier forma de violencia contra la mujer, garante y respetuosa de su dignidad y derechos y de los de sus hijos e hijas".

El manifiesto ha recordado la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la legislación que, desde los años noventa, "ha consolidado un amplio sistema institucional de prevención, asistencia y protección frente a este tipo de violencia".

Asimismo, el manifiesto considera que "la juventud y la población adolescente deben contribuir de manera singular al fin de la violencia contra la mujer, siendo necesario que los jóvenes identifiquen y rechacen conductas que siendo objetivamente violencia de género, a veces se toleran o justifican como consecuencia de la pervivencia de estereotipos discriminatorios".

En el manifiesto se alude a la necesidad de "procurar una respuesta adaptada a los grupos vulnerables, mujeres con discapacidad, mayores, del medio rural e inmigrantes, e hijos de quienes sufren esta violencia" y ve necesario que los poderes públicos "les presten la protección y la atención que merecen".