El Consejo de Ministros del Gobierno israelí ha aprobado este domingo por mayoría de 14 votos contra 7 la Ley de Nacionalidad Judía, una iniciativa por la que se declara a Israel "hogar del pueblo judío", a pesar del voto en contra de los socios minoritarios centristas del Ejecutivo que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El primer ministro ha defendido ante el Consejo de Ministros que Israel sea un estado democrático en el que todos los ciudadanos sean iguales en derechos, "pero sólo hay derechos nacionales para los judíos: una bandera, un himno, el derecho de todo judío a inmigrar a Israel y otros símbolos nacionales", ha afirmado.

En ese sentido, ha recriminado a quienes defienden la solución de los dos estados para los dos pueblos y rechazan que Israel reivindique su carácter judío. "Los palestinos se niegan a reconocerlo y también hay oposición dentro (...). No comprendo a quienes defienden dos estados para dos pueblos y al mismo tiempo rechazan elevarlo con rango de ley. Se apresuran a reconocer un hogar nacional palestino, pero rechazan radicalmente un hogar nacional judío", ha argumentado, según recoge el periódico The Jerusalem Post en su edición digital.

Netanyahu también se ha referido a las amenazas de los centristas de abandonar la coalición de gobierno en represalia por la aprobación de este proyecto de ley. "El país no se puede gobernar así. Tenemos que centrarnos en fortalecer la seguridad ante las oleadas de extremismo islámico y el peligro de un Irán nuclear, en fortalecer la economía y el bienestar de los ciudadanos de israelí y no las amenazas", ha señalado.

El proyecto de ley será tramitado el miércoles en la Knesset o Parlamento israelí, aunque una vez aprobado por el Consejo de Ministros —que funciona como un pequeño parlamento— el visto bueno del Legislativo es un mero trámite.

Desde el propio ejecutivo, los ministros de los partidos centristas Yesh Atid y Hatnuah han criticado la intención del Likud de Netanyahu de imponer un "estado religioso".

"Una propuesta como esta debe ser formulada minuciosamente, con consenso, no con prisas. No comprendo la urgencia de una ley de este tipo en un momento delicado como este. No es el momento", argumentaba el ministro de Ciencia y Tecnología, Yaakov Peri, del partido centrista Yesh Atid.

Precisamente el líder de Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado que "esta ley convierte a 300.000 rusos en ciudadanos de segunda clase" y ha vinculado la aprobación de esta ley con la próxima celebración de elecciones primarias en el Likud, previstas para el mes de enero.

Comentaristas y juristas señalan que, incluso si llega a ser aprobada por el Parlamento en su versión más dura, lo cual parece improbable, se tratará de una ley estéril, porque ni ahora ni en el futuro estará garantizada su constitucionalidad, aparte de que cualquier cambio demográfico conduciría a su anulación.

Recuerdan también que otras muchas leyes del país ya incluyen con claridad la "judeidad" de Israel, y que por lo tanto ésta no se traducirá en apenas cambios.

La ley ha sido repudiada por ministros como los de Justicia, Tzipi Livni, y de Finanzas, Yair Lapid, así como por destacados juristas.

"La ley es un ataque a la naturaleza democrática de Israel", se quejó este domingo Yehuda Wainstein, asesor legal del ejecutivo, al advertir que tendrá serias dificultades para defenderla ante el Tribunal Supremo, donde los magistrados podrían tumbarla como hicieron con otros proyectos similares.

Para Daniel Friedman, exministro de Justicia en el gobierno de Ehud Olmert (2006-2009), "este tipo de legislación declarativa no tiene la capacidad de resolver disputas sustanciales o sociales".

"En el mejor de los casos no tendrá el más mínimo beneficio, y en el peor llegará hasta a causar un gran daño", explica al recordar la ley de unificación de Jerusalén en 1980, que hizo que una veintena de países que tenían sus embajadas en la ciudad santa la abandonaran y retirasen así su reconocimiento como capital.

Para Friedman, Israel ya tiene suficientes leyes que describen el carácter del país, como la que alienta la inmigración de cualquier judío del mundo en base a su origen (Ley del retorno) o la del himno y la bandera, que reflejan claramente los símbolos nacionales.

Y advierte que "en la explosiva situación actual", con protestas y enfrentamientos desde hace dos semanas en las calles de la Galilea por la muerte de un palestino-israelí por disparos de la policía, la ley podría causar un grave daño a las relaciones entre la mayoría judía y las minorías.