El nuevo Régimen de Personal de la Policía Nacional, que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras el Consejo de Ministros, presenta como novedades la ampliación de la edad de jubilación de los policías hasta los 65 años, antes de pasar a la segunda actividad, y la protección especial que se ofrece a las mujeres policía que han sufrido violencia de género.

Las mujeres que sufran esta violencia podrán "pedir la excedencia y solicitar su traslado a otro destino, aunque no haya plazas vacantes", ha explicado el ministro.

Se reconoce expresamente la protección otorgada a la mujer policía víctima de violencia de género a través del derecho a la movilidad geográfica, a otro puesto de análogas características, sin que tenga que existir vacante de necesaria cobertura.

Según el proyecto de Ley, "por primera vez, se hace una referencia expresa y sistematizada a sus derechos individuales y colectivos, destacando el respeto a la dignidad en el trabajo y las situaciones de acoso laboral o sexual".

Además, para asumir los principios de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 22 de marzo de 2007, se hace especial referencia a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres como principio informador de la interpretación y aplicación de sus preceptos, en especial en el ámbito del ingreso, formación, promoción profesional y condiciones de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Personal de la Policía Nacional que, entre otras novedades, eleva los requisitos de ingreso y contempla la posibilidad de que accedan a este cuerpo los agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Ertzaintza, así como los de las policías locales. Esta "pasarela" será posible en las escalas y categorías equivalentes a las que se ostenten los agentes en su cuerpo de procedencia y siempre que cumplan los requisitos mínimos para ingresar en la Policía.

Así lo ha explicado Fernández Díaz, quien ha destacado que el Cuerpo Nacional de Policía pasará a denominarse Policía Nacional, tal y como se conoce de facto.

Otra de las novedades del texto es que se elevan las titulaciones exigidas para el ingreso en la Policía, de forma que para la escala básica será necesario tener el título de bachillerato y para la ejecutiva contar con un grado universitario.

La futura ley de personal mejorará además las condiciones de trabajo de sus más de 68.000 efectivos con un "completo catálogo" de derechos individuales y colectivos" y reforzará su protección jurídica con la contratación de un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera para cubrir indemnizaciones derivadas del desempeño de las funciones de los agentes.

"Nuestros policías dispondrán de más derechos y estarán mejor protegidos", ha defendido Fernández Díaz, que ha dejado claro que España contará "sin lugar a dudas" con unos agentes "más profesionales y más preparados", lo que redundará en una "mayor seguridad para los ciudadanos".

Una vez se apruebe -el proyecto se remite a las Cortes para su tramitación pues no es necesario dictamen ni informe preceptivo- la ley acabará con la dispersión normativa estatutaria de la Policía tras sus casi 30 años de existencia.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha señalado que este proyecto de ley "introduce mejoras en los derechos de los policías y en sus condiciones", y, con ello, en la seguridad pública: "Cuando tenemos mejores policías, tenemos mejor seguridad pública", ha enfatizado añadiendo que sería "una extraordinaria noticia" que esta norma se puede hacer "con el máximo consenso posible".

Además, Fernández Díaz ha indicado que el texto presentado mantiene el régimen de la denominada "segunda actividad", determina con más claridad las prerrogativas de las organizaciones representativas y atribuye nuevas funciones al Consejo de la Policía, órgano de representación de la Administración y los sindicatos.

En sus catorce títulos, siete disposiciones adicionales y otras tantas transitorias, una derogatoria y cinco finales se regula asimismo un régimen de incompatibilidades, se legaliza la obligación de concertar un seguro de accidentes para los supuestos de fallecimiento o incapacidad permanente como consecuencia de su actividad.