La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido "responsabilidad" de las organizaciones sindicales para "desbloquear" la convocatoria del concurso de traslados y ha apuntado que está trabajando en unas bases que "sean aceptadas".

En contestación a una pregunta formulada en la comisión, Montero ha anunciado que su departamento está trabajando en el ámbito de la Mesa Sectorial de la Administración General para acordar unas bases de concurso de traslado "que sean comúnmente aceptadas y no den lugar a impugnación o paralización judicial".

"La Consejería quiere que se convoque un concurso de traslado de funcionarios, pero con todas las garantías" por lo que "necesitamos que exista una jurisprudencia clara y definitiva", ha defendido Montero, recordando las vicisitudes jurídicas que se plantearon en el último concurso para determinar si debía o no valorarse, como mérito computable por antigüedad, el tiempo prestado como funcionario interino.

Tal como ha explicado la consejera, en un primer momento se planteó valorar los servicios prestados como interino, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estableció un criterio distinto, declarando que no son comparables la prestación de servicios como interino y como funcionario de carrera.

Ha indicado que la Comisión Europea sostiene que los argumentos del TSJA no son compatibles con la Directiva europea (Directiva 1999/70) y ha recordado que el Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso contra la sentencia del TSJA que sostenía la diferente valoración de este tiempo de servicio como interino.

La consejera ha insistido en la necesidad de "disponer de una jurisprudencia clara y definitiva" en la materia y "en ello trabaja el Tribunal Constitucional". Asimismo, es preciso "buscar un acuerdo entre las fuerzas sindicales para pacificar esta cuestión", por lo que ha solicitado "un acuerdo entre los representantes sindicales para no convertir el concurso de traslados, de nuevo, en una batalla jurídica".

"Queremos consensuar con la opinión de los sindicatos en términos democráticos, y no en términos autoritarios, como pretende el PP", ha añadido.

Por su parte, el diputado del PP Rafael Ruiz Canto ha criticado la "falta de respeto" hacia los sindicatos por parte de la Junta y le ha recordado que "existe una obligación legal de cumplir la normativa", por lo que ha pedido que "concrete el concurso y no se ampare en los sindicatos porque éstos no lleguen a acuerdo para incumplir la normativa".

"Si no hay negociación, deberá el Gobierno arriesgarse pero no se puede vetar porque hay personas que sufren, hay funcionarios afectados que se verán mermados en su poder adquisitivo porque no han tenido la posibilidad de participar en un concurso".

Entes instrumentales

Por otro lado, preguntada por el grupo de trabajo puesto en marcha para mejorar el conjunto de entes instrumentales, la consejera ha recordado que ese grupo de trabajo, formado por altos funcionarios, que trabajan en propuestas de mejora, podría tener sus conclusiones a finales de año, con vistas a que la Junta "tome nota".

Ha defendido la labor de estos técnicos "que tienen una importante cualificación y conocen el funcionamiento de la Administración", tras lo que ha recordado que la Junta ha logrado reducir los entes instrumentales en un 11 por ciento y ha indicado que el proceso abierto "permitirá un proceso de ajustes y mejora de la eficiencia".

Critica que el PP "intenta desprestigiar a los empleados públicos" y ha recordado que "se han suprimido 124 entes y el endeudamiento del sector instrumental está por debajo de la media de comunidades autónomas", resaltado el "esfuerzo en materia de contención del gasto".

El diputado del PP Rafael Ruiz Canto lamenta que la consejera "no da ninguna respuesta consecuente", tras lo que ha recordado el contrato con la empresa Deloitte "pero de lo que no tenemos constancia de que trabajara como grupo de expertos".

Ruiz Canto, que expresa sus "serias dudas" en este tema, lamenta que no conoce "ni los costes, ni el plan de trabajo ni el grupo de trabajo; queremos saber quienes son los expertos, cómo van los trabajos y cuándo se van a hacer públicos".